Text original publicat per No es época para tontos.
¿Quién investiga a quienes tienen el poder de investigar a todos los demás?
Esta investigación analiza una de las cuestiones más incómodas del sistema judicial andorrano: no si todos sus jueces son corruptos —una afirmación que sería falsa y simplista—, sino si la propia arquitectura institucional está preparada para detectar, investigar y depurar con eficacia los posibles abusos cometidos desde dentro de la judicatura.
El punto de partida es Andorra: un microestado con una carrera judicial extremadamente reducida, un Consejo Superior de la Justicia formado por solo cinco miembros y una enorme concentración de competencias sobre nombramientos, ascensos, inspección y disciplina. El episodio analiza las advertencias formuladas por GRECO sobre la insuficiente representación de jueces elegidos por sus propios pares y plantea una pregunta esencial: ¿puede existir verdadera independencia judicial sin mecanismos efectivos de control y responsabilidad?
La investigación aborda precedentes concretos del propio sistema andorrano. Entre ellos, el caso de David Moynat, en el que la Fiscalía llegó a impulsar una causa por prevaricación; el procedimiento contra el expresidente del Consejo Superior de la Justicia Enric Casadevall y otros responsables por presuntas irregularidades en contrataciones; y las decenas de procedimientos en los que se constató la vulneración del derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable.
El análisis distingue además entre el retraso provocado por falta de medios y algo jurídicamente mucho más grave: la dilación deliberada destinada a beneficiar o perjudicar a una de las partes. El caso de Emili Campos-Araúz sirve para examinar qué ocurre cuando una causa permanece durante años prácticamente paralizada y los propios órganos de control reconocen problemas sin que necesariamente se traduzcan en responsabilidades disciplinarias o penales.
Desde Andorra, la investigación viaja a Girona y al caso Infocobro, examinando documentación parlamentaria, investigaciones policiales y conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente relacionadas con el entorno de las subastas judiciales y las supuestas relaciones entre empresarios, mandos policiales y miembros de la judicatura. El objetivo no es convertir sospechas en condenas, sino estudiar qué mecanismos existen cuando una investigación oficial detecta posibles conexiones entre intereses privados y el funcionamiento de los tribunales.
El episodio amplía después el foco a España y Europa. Los casos de Pascual Estevill, Salvador Alba, Baltasar Garzón, Fernando Presencia, Ferrín Calamita y otros magistrados condenados o apartados muestran una realidad incómoda pero fundamental para cualquier democracia: los jueces también pueden delinquir y la independencia judicial no puede convertirse en inmunidad penal.
La comparación internacional demuestra que investigar a un juez no destruye la justicia. Puede ser precisamente lo contrario: una demostración de que el Estado de derecho funciona incluso cuando debe investigar a quienes administran la ley.
La cuestión central es por tanto estructural. En un país pequeño donde jueces, fiscales, abogados, responsables políticos y autoridades institucionales conviven en un ecosistema extremadamente reducido, ¿existen suficientes controles externos? ¿Son transparentes los antecedentes profesionales y disciplinarios de quienes acceden a responsabilidades judiciales? ¿Funcionan realmente los mecanismos de inspección y recusación? ¿Puede Andorra convertirse involuntariamente en destino de juristas desacreditados o sancionados en otras jurisdicciones europeas si no existen controles previos suficientemente rigurosos?
Esta investigación plantea una reforma basada en transparencia, trazabilidad de los historiales profesionales, mecanismos reales de recusación, controles externos y responsabilidad efectiva.
Porque la independencia judicial tiene una finalidad muy concreta: proteger al juez frente a las presiones del poder.
Nunca proteger al juez frente a la ley.
