Text original publicat per No es época para tontos.
¿Qué significa ganar ante un tribunal cuando la justicia necesita cinco, diez o casi veinte años para darte la razón?
El octavo episodio de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO analiza el daño que queda cuando el Estado finalmente corrige un error, pero lo hace demasiado tarde para devolver a una persona los años perdidos.
El caso Valora representa el extremo. El procedimiento comenzó en 2007 y la instrucción permaneció abierta hasta enero de 2026, casi diecinueve años. El propio Tribunal Constitucional reconoció dilaciones indebidas y dejó claro que las deficiencias estructurales de la justicia no podían recaer sobre los investigados.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve que el máximo garante constitucional reconozca que tu derecho ha sido vulnerado si el procedimiento continúa consumiendo tu vida durante años?
El episodio examina también investigaciones que permanecieron siete, ocho e incluso más de diez años abiertas, algunas con bienes y cuentas bloqueados. La presunción de inocencia no consiste únicamente en no llamar culpable a alguien antes de una sentencia. También exige impedir que las medidas provisionales del Estado destruyan durante una década la vida económica, profesional y familiar de una persona todavía no juzgada.
En el caso de Josep Parramon hay que ser precisos: su condena por apropiación indebida no fue anulada. Lo que se corrigió fue el cálculo temporal de su inhabilitación profesional. Ese error tuvo consecuencias graves: al no poder ejercer, no podía generar ingresos para satisfacer sus responsabilidades económicas. Posteriormente se llegó a ordenar su ingreso en prisión por impago, decisión que finalmente fue revocada por el Tribunal Superior.
Un error técnico puede parecer pequeño sobre el papel. Pero cuando determina si una persona duerme en su casa o entra en una celda deja de ser burocracia.
El episodio aborda también el caso del abogado Joan Antoni Silvestre, cuya recusación contra un magistrado fue aceptada por el Tribunal Superior por razones relacionadas con la apariencia de imparcialidad. No hablamos de corrupción. Hablamos de higiene democrática y de la necesidad de que los controles funcionen antes de obligar a un ciudadano a recorrer años de litigios.
En el ámbito civil aparece otro caso relevante. Una resolución relacionada con Pleyade 21 había permitido una reclamación cercana a 5,6 millones de euros. En abril de 2025, el Tribunal Superior anuló tanto la sustitución procesal como la sentencia y exigió acreditar documentalmente la transmisión de los créditos.
Eso no demuestra fraude. Demuestra que una reclamación millonaria llegó muy lejos antes de que una instancia superior exigiera probar el título documental esencial.
También está Antoni Riestra. Los hechos investigados se remontaban a 2014. Fue absuelto en 2020, Fiscalía recurrió solicitando prisión, inhabilitación y multa, y la absolución definitiva llegó en abril de 2021.
Seis años bajo la amenaza de consecuencias penales y profesionales enormes. La absolución elimina la acusación. No devuelve seis años.
El episodio analiza además cuánto paga el Estado cuando reconoce que ha tardado injustificadamente. En un caso de 2026 se reconoció un retraso de treinta meses y se concedió una indemnización cercana a 3.750 euros.
¿Cómo se calcula el precio de oportunidades profesionales perdidas, ansiedad, reputación dañada o una empresa destruida durante la espera?
Y aquí aparece la responsabilidad política. Demòcrates per Andorra no puede ser responsabilizado de las decisiones individuales de jueces y magistrados. Pero DA gobierna desde 2011 y sí tiene responsabilidad sobre el ecosistema donde funciona la justicia: presupuestos, recursos, plazas, organización administrativa y prioridades de reforma.
Después de catorce años, las deficiencias estructurales no pueden atribuirse indefinidamente a una herencia recibida.
Por eso la investigación propone un índice público anual de corrección judicial: sentencias revocadas, vulneraciones de derechos fundamentales, dilaciones indebidas, recusaciones aceptadas, indemnizaciones pagadas y tiempo necesario para corregir cada error.
Porque una democracia no se mide únicamente por su capacidad de hacer justicia. También por cuánto tarda en reconocer que se equivocó.
Cuando un ciudadano consigue que el Estado le dé la razón después de cinco, diez o diecinueve años, ¿ha ganado realmente?
¿O la justicia simplemente ha llegado demasiado tarde para devolverle su vida?
Episodio 8 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO.
Investigación y responsabilidad editorial: Josep Guirao.
Análisis producido con asistencia de IA agéntica independiente de Blaxxun. Las conclusiones editoriales corresponden exclusivamente al autor.
