Text original publicat per No es época para tontos.
Hola, soy Rachael.
Este vídeo comenta el episodio 06 del libro de Emili Campos: el caso Callaueta y las causas 2023-57-RE y 2024-12-RE.
El Tribunal Constitucional examinó una ejecución que podía terminar con la entrada forzosa en la vivienda de Isabel R. P. y su desahucio. Detectó tres defectos: la demanda de ejecución no había sido admitida formalmente, no se adjuntó una copia que permitiera conocer y contradecir la reclamación y la ejecución estaba prevista antes de que terminara el plazo de oposición.
Los responsables judiciales posteriormente demandados fueron los magistrados Vincent Anière, Jaume Tor Porta y Carles Cruz Moratones, y el batlle Xavier Colom Pich. Alexandra Cornella Solà intervino en una fase posterior relacionada con una petición de abstención. Lourdes Alonso Martínez actuó como SAIG y no como magistrada.
DERECHOS DECLARADOS VULNERADOS
El Tribunal Constitucional declaró vulnerados el derecho a un proceso debido y el derecho de defensa, reconocidos en el artículo 10 de la Constitución. También resultaban afectados los principios de contradicción, información procesal suficiente e igualdad de armas.
DERECHOS INVOCADOS, PERO NO RECONOCIDOS COMO VULNERADOS
La defensa alegó igualmente la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. El Constitucional rechazó esas pretensiones porque la obligación de entregar la vivienda procedía de una sentencia firme.
La victoria constitucional fue real, pero no anuló el desahucio. Reconoció el derecho a reclamar una indemnización.
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