Original text published by No es época para tontos.
Un Estado capaz de actuar en horas.
Una justicia capaz de tardar casi veinte años.
Y ambos fenómenos ocurren dentro del mismo país.
El séptimo episodio de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO analiza una de las contradicciones más inquietantes del sistema andorrano: la enorme diferencia entre la velocidad con la que el Estado puede desplegar todo su poder cuando considera que existe una emergencia y la lentitud extrema que soportan determinados ciudadanos atrapados durante años en procedimientos judiciales.
La idea central es “el proceso como pena”.
Una persona no necesita terminar condenada para que un procedimiento destruya parte de su vida. Años de investigación pueden significar cuentas bloqueadas, costes jurídicos, reputación dañada, pérdida de oportunidades profesionales y una presión personal que una absolución posterior difícilmente puede reparar.
El caso Valora es el ejemplo más brutal. La crisis estalló en 2007 y la instrucción judicial no terminó hasta enero de 2026.
Casi diecinueve años.
Durante ese periodo existieron retrasos extraordinarios y el propio Tribunal Constitucional reconoció vulneraciones relacionadas con la duración del procedimiento.
Pero el mismo Estado demostró una capacidad de reacción completamente distinta en marzo de 2015 ante BPA. Tras la comunicación de FinCEN, las instituciones andorranas reaccionaron en cuestión de horas.
BPA y Valora no son jurídicamente casos equivalentes. La intervención bancaria respondía a un riesgo sistémico que podía exigir medidas inmediatas. Precisamente por eso la comparación resulta reveladora: demuestra que cuando el Estado considera un asunto vital dispone de capacidad legal, administrativa y operativa para acelerar radicalmente su respuesta.
La pregunta es qué ocurre cuando quien espera es un ciudadano.
El episodio analiza también varios procedimientos donde el tiempo acaba convirtiéndose en una forma de castigo.
Vanessa Mendoza intervino ante Naciones Unidas en octubre de 2019 para hablar de la prohibición del aborto en Andorra. Seis días después, el Govern trasladó el asunto a Fiscalía. El sistema fue extremadamente rápido para activarse. Sin embargo, Mendoza permaneció sometida al procedimiento durante más de cuatro años hasta resultar absuelta en enero de 2024.
No se afirma que investigar fuese ilegal. La cuestión democrática es otra: ¿qué ocurre cuando el Estado necesita días para activar su poder penal pero años para concluir que no existía delito?
Carine Montaner afrontó otra causa después de revelar información salarial. Cuando el querellante retiró su acción, Fiscalía mantuvo la acusación y solicitó dos años de prisión condicional y dos años de inhabilitación. En julio de 2024 fue absuelta al considerar el Tribunal de Corts que la información discutida era pública.
La investigación aborda además el desgaste sufrido por abogados sometidos durante años a procedimientos penales y analiza el concepto de “proceso como castigo” también desde el punto de vista profesional.
La dimensión más extrema aparece con la prisión preventiva. A finales de 2025, 25 de los 54 internos del sistema penitenciario andorrano se encontraban en prisión preventiva: aproximadamente el 46%. Casi la mitad no tenía todavía una condena firme.
La prisión preventiva es legal y puede resultar imprescindible ante determinados delitos y riesgos procesales. Pero una proporción tan elevada obliga a examinar con especial rigor su duración, proporcionalidad y revisión periódica.
El episodio termina analizando otro elemento esencial para la confianza institucional. Xavier Sopena fue candidato de Demòcrates per Andorra en las elecciones de abril de 2023 y cinco meses después fue propuesto como fiscal general.
Eso no demuestra que reciba instrucciones políticas ni permite atribuirle actuaciones partidistas.
El problema es la apariencia de independencia.
En un microestado donde las distancias institucionales son mínimas, deberían existir cortafuegos especialmente fuertes entre política activa, Fiscalía y justicia: períodos de enfriamiento, transparencia en los nombramientos, estadísticas públicas sobre duración de procedimientos, auditorías externas de macrocausas y controles automáticos sobre prisión preventiva.
La pregunta final es sencilla.
Si Andorra ha demostrado que puede movilizar toda la maquinaria del Estado en cuestión de horas cuando considera que existe una amenaza vital, ¿qué justifica que otros ciudadanos esperen diez, quince o casi veinte años para saber si son culpables o inocentes?
Porque el tiempo judicial no es una abstracción.
Es vida.
Y cuando el procedimiento termina convirtiéndose en el castigo, una absolución puede llegar demasiado tarde.
Episodio 7 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO.
Investigación y responsabilidad editorial: Josep Guirao.
Análisis producido con asistencia de IA agéntica independiente de Blaxxun. Las conclusiones editoriales corresponden exclusivamente al autor.
