Texte original publié par No es época para tontos.
¿Puede un Estado europeo ampliar derechos fundamentales cuando una parte de su propia arquitectura institucional considera inadmisible esa reforma?
El episodio 15 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO analiza uno de los conflictos constitucionales más delicados del país: la prohibición penal del aborto y su relación con el Coprincipado episcopal.
La investigación parte de una precisión imprescindible. No existe prueba de que el Copríncipe episcopal dé órdenes secretas a jueces, fiscales o al Govern. El problema es estructural: uno de los dos jefes de Estado es, al mismo tiempo, un obispo católico sujeto a una doctrina que rechaza el aborto.
Andorra mantiene una legislación penal muy restrictiva. Naciones Unidas ha reclamado acceso legal y seguro al aborto, al menos en supuestos graves como riesgo para la vida o la salud de la mujer, violación, incesto o inviabilidad fetal.
La prohibición no elimina los abortos. Los desplaza fuera del país.
Las mujeres deben viajar a España o Francia, asumir costes, desplazamientos y una carga emocional añadida. Al mismo tiempo, el propio Estado ofrece acompañamiento e información mediante el SIAD.
Ahí aparece una de las grandes contradicciones del sistema: la Administración reconoce la realidad social y acompaña a las mujeres, pero mantiene penalizado dentro del territorio el procedimiento médico que pueden realizar cruzando la frontera.
El episodio distingue entre despenalizar y legalizar plenamente. Despenalizar significa eliminar el castigo penal. Legalizar implica además permitir y regular la prestación sanitaria en Andorra.
La estrategia política reciente ha intentado avanzar hacia la despenalización sin provocar una ruptura con el Coprincipado. Las negociaciones entre el Govern y la Santa Sede muestran hasta qué punto el equilibrio institucional condiciona el debate.
El Coprincipado ha sido durante siglos una pieza esencial para preservar la soberanía de Andorra. Pero precisamente ahí surge la pregunta constitucional:
¿hasta qué punto puede la protección de una institución histórica limitar la capacidad de un Parlamento democrático para ampliar derechos civiles?
El temor es conocido: una reforma incompatible con la doctrina católica podría colocar al Copríncipe episcopal ante un conflicto de conciencia y desencadenar una crisis constitucional.
No existe un veto escrito que diga que el obispo puede prohibir una reforma. Pero si el Parlamento evita determinadas decisiones por miedo a provocar esa crisis, aparece lo que la investigación define como un veto informal.
El caso de Vanessa Mendoza muestra además hasta dónde puede llegar la tensión. Después de intervenir ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas en 2019 para criticar la situación de los derechos de las mujeres y la prohibición del aborto, se abrió contra ella un procedimiento penal.
Fue absuelta en enero de 2024.
No existe prueba de que el Copríncipe episcopal ordenara ese procedimiento. La iniciativa surgió desde las propias instituciones civiles andorranas. El caso muestra, sin embargo, hasta qué punto el aborto se había convertido en un asunto capaz de activar mecanismos de defensa institucional frente a la crítica.
El episodio analiza también el poder de nombramiento de los Copríncipes en instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo Superior de la Justicia.
El caso de Josep-Delfí Guàrdia vuelve a servir de ejemplo. Fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en 2017 por el Copríncipe episcopal mientras formaba parte del consejo de administración de CriteriaCaixa.
No se afirma corrupción ni que ninguna sentencia favoreciera intereses privados.
La cuestión es por qué no existen controles previos, independientes y públicos sobre incompatibilidades y declaraciones de intereses.
La investigación rechaza además las teorías que pretenden explicar estas tensiones mediante supuestas redes del Vaticano, el Opus Dei, GRECO o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No hacen falta conspiraciones.
El problema está a la vista: arquitectura constitucional, opacidad en determinados nombramientos y una tensión real entre tradición institucional y evolución de los derechos fundamentales.
La salida no exige destruir el Coprincipado. Exige modernizarlo.
Procedimientos transparentes, controles de incompatibilidad, responsabilidad parlamentaria y revisión periódica de la legislación penal conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos.
La verdadera fortaleza de una institución histórica no consiste en impedir que la sociedad cambie.
Consiste en demostrar que puede sobrevivir al cambio.
Episodio 15 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO.
Investigación y responsabilidad editorial: Josep Guirao.
Análisis producido con asistencia de IA agéntica independiente de Blaxxun. Las conclusiones editoriales corresponden exclusivamente al autor.
