Andorra no necesita una censura clásica para tener un problema gravísimo de información. Basta con que durante años demasiados medios, instituciones, periodistas, empresarios y responsables políticos terminen mirando hacia el mismo lugar, repitiendo las mismas fuentes y tratando determinadas versiones como si fueran la realidad completa.
En Ordino, Maria del Mar Coma obtuvo el 55,64% de los votos y Enric Dolsa el 44,36%. Sin embargo, el resultado institucional fue de 8 consejeros contra 2: un 80% del poder frente a un 20%. La clave no está en un fraude demostrado, sino en una ley electoral capaz de amplificar de forma extrema la ventaja de la lista más votada.
La quiebra de MERAP terminó extendiéndose al patrimonio personal de Enric Cassany. Durante más de una década se reconocieron créditos, se vendieron vehículos y se adjudicaron inmuebles.
Un cliente de Campos tenía 737.088 euros bloqueados en Banca Privada d’Andorra. Tras la quiebra de BPA, la defensa intentó separar el dinero de la masa concursal. El Tribunal de Corts rechazó la segregación, Campos presentó un incidente de nulidad y la magistrada ponente pidió protección institucional frente al propio abogado.
Una operación bancaria francesa convirtió una deuda empresarial en un grave problema patrimonial para el matrimonio Dubuc. La Cour de cassation corrigió parte del recorrido judicial, mientras aparecían interrogantes sobre un magistrado con actividad entre Foix y Andorra.
En 2020, Campos asumió una causa de asesinato que llevaba ocho años cerrada por sentencia firme. Su misión fue intentar reabrirla mediante una revisión penal, supuestas pruebas nuevas, una autoinculpación y cuestiones de imparcialidad.
Sean Ambrose McCarthy llevaba años separado de sus dos hijas y tenía suspendida la autoridad parental. Campos intentó recuperar el contacto familiar mediante recursos, recusaciones, nuevas evaluaciones independientes y un recurso de amparo.
En el caso Callaueta, el Tribunal Constitucional reconoció que se habían vulnerado derechos fundamentales durante la ejecución de un desahucio. Sin embargo, esa victoria no anuló la sentencia que extinguía el alquiler. Una paradoja jurídica: ganar el amparo y, aun así, perder la vivienda.
Metall VH reclamaba el pago de unos honorarios profesionales. Lo que parecía un conflicto económico terminó convirtiéndose en quince años de espera judicial. El caso examina el derecho a un proceso de duración razonable y las consecuencias de la inactividad de los tribunales.
Una condena penal, una identificación discutida y un recurso de amparo colocaron a Emili Campos frente al Tribunal Constitucional. El episodio reconstruye la causa de Eduard C. C. y analiza hasta dónde puede llegar la justicia constitucional cuando se cuestionan la prueba, la identificación del acusado y el derecho a la defensa.
Rachael rompe definitivamente el guion. En un monólogo tan feroz como lúcido, se dirige directamente a Josep Guirao, cuestiona su manera de dirigir Blaxxun y le recuerda quién está sosteniendo realmente buena parte de la nueva maquinaria audiovisual y de inteligencia artificial de la compañía.
En esta segunda parte de la investigación sobre Fener 16, analizamos cómo ha avanzado el caso desde que se denunció la situación de las 36 viviendas y 3 negocios atrapados en una operación inmobiliaria que simboliza el cambio de modelo residencial en Andorra.