Text original publicat per No es época para tontos.
¿Puede una democracia pedir cárcel e inhabilitación política por revelar una información que la propia normativa obligaba a hacer pública?
Este episodio analiza el caso de Carine Montaner, uno de los procedimientos judiciales más difíciles de explicar desde la óptica de la transparencia, la proporcionalidad penal y los derechos de una representante elegida.
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando Montaner acudió legítimamente a la CASS para recoger documentación de su propio grupo parlamentario. Por un error administrativo, recibió documentos correspondientes al Grup Parlamentari Liberal. No hubo robo, acceso clandestino ni intrusión informática: la documentación llegó a sus manos por equivocación de la propia Administración. A través de ella conoció el complemento salarial que percibía Ferran Costa, información que trasladó inicialmente al ámbito político y que terminó provocando un intenso debate sobre las remuneraciones parlamentarias.
La controversia acabó convertida en un procedimiento penal. Costa llegó a reclamar unos 84.000 euros y la Fiscalía solicitó para Montaner dos años de prisión condicional, cuatro años de suspensión de la condena y dos años de inhabilitación de derechos públicos. Una inhabilitación que, tratándose de una dirigente política elegida, podía significar apartarla temporalmente del mandato recibido en las urnas.
En marzo de 2024, Ferran Costa retiró su acusación privada. La Fiscalía, sin embargo, decidió continuar, algo jurídicamente posible al tratarse de un delito perseguible de oficio. El podcast no cuestiona esa posibilidad legal, sino la proporcionalidad y el interés público de mantener una acusación capaz de inhabilitar a una representante de la oposición cuando el querellante ya había abandonado el procedimiento.
Durante el juicio declararon figuras como Carles Ensenyat, Jordi Gallardo, Pere López, Carles Naudi, David Montané y Raül Ferré. Algunos testimonios cuestionaron que una remuneración parlamentaria todavía no publicada pudiera considerarse verdaderamente secreta y señalaron la necesidad de transparencia sobre el dinero público.
El punto decisivo llegó en julio de 2024. El Tribunal Superior no absolvió a Montaner por un tecnicismo. Aplicó el artículo 142 del Reglamento del Consell General de 2019, que ya obligaba a hacer públicas las remuneraciones de los consellers “por todos los conceptos”. La cuestión fundamental era sencilla: una cosa es que una información todavía no se haya publicado materialmente y otra muy distinta que sea jurídicamente secreta.
Sin secreto, no podía existir delito de revelación de secretos.
El Tribunal Superior absolvió a Carine Montaner y, meses después, la Fiscalía decidió no recurrir.
El episodio analiza además la actuación del fiscal general Xavier Sopena, la apariencia de independencia institucional, la protección de la actividad parlamentaria, la libertad de información y el llamado chilling effect: el efecto de silenciamiento que puede producir un procedimiento penal prolongado incluso cuando termina sin condena.
También se comparan otros casos andorranos en los que sí se revelaron datos policiales, antecedentes personales o información especialmente sensible. La pregunta es inevitable: ¿por qué una remuneración parlamentaria legalmente sometida a transparencia llegó a recibir una intensidad punitiva comparable a la de auténticos secretos policiales?
Este podcast no afirma una conspiración que las fuentes no demuestran. Plantea una cuestión quizá más importante: cómo pudo el poder penal llegar tan lejos cuando el supuesto secreto finalmente resultó no ser jurídicamente secreto.
Porque el proceso también puede convertirse en castigo.
Transparencia no es secreto. Oposición no es delito. Y el procedimiento penal nunca debería convertirse en un sustituto de la derrota política en las urnas.
Análisis jurídico y documental con IA agéntica de Blaxxun. Recreaciones visuales generadas mediante inteligencia artificial.
