Text original publicat per Josep Guirao y Racheal B. · AJW — Andorra Justice Watch.

¿Quién controla a los jueces que llegan a Andorra procedentes de otros países? La pregunta adquiere una dimensión concreta cuando se reconstruyen las trayectorias de magistrados que trabajaron en Girona y posteriormente ejercieron, o intentaron ejercer, en el Principado. El empleo de juristas españoles y franceses está previsto por la legislación y por acuerdos de cooperación. Pero el reconocimiento legal de ese sistema no resuelve todas las preguntas sobre selección, compatibilidades, abstenciones, independencia y responsabilidad disciplinaria. Son cuestiones que deben abordarse con documentos y resoluciones, no con acusaciones construidas sobre una simple coincidencia de nombres.

Una de las pistas conduce a Info-Cobro, sociedad vinculada al empresario de subastas Jordi Cuxart Teres que entró en concurso de acreedores en 2011. El desplome del negocio afectó a numerosos inversores y dio lugar a procedimientos concursales, civiles y penales. Hablar de un único 'caso' puede inducir a errores: cada expediente tiene responsables, resoluciones y efectos distintos. La tarea periodística consiste en examinar qué se investigó, quién intervino y cuáles fueron los resultados reales, incluidos los procedimientos archivados, si se documentan, y las condenas efectivamente pronunciadas.

Hugo Novales Bilbao, incorporado el 9 de septiembre de 2026 como magistrado sustituto del Tribunal de Corts andorrano, había ejercido en el Juzgado Mercantil número 1 de Girona. En el concurso 394/2011 de Info-Cobro intervino en la liquidación y el 16 de julio de 2015 dictó una sentencia que calificó el concurso de culpable e impuso al administrador una inhabilitación de quince años. Ese dato impide sostener que Novales cerró sin consecuencias el procedimiento concursal. Si también archivó diligencias distintas por presunta corrupción, habrá que identificar sus números, fechas y fundamentos. En ausencia de esa resolución, atribuirle un 'carpetazo' general sería confundir asuntos diferentes.

El recorrido penal confirma la necesidad de esta precisión. El Tribunal Supremo español, mediante sentencia 899/2022, de 16 de noviembre, confirmó una condena por estafa agravada continuada en concurso con falseamiento contable en una causa contra el administrador de Info-Cobro. La existencia de esta condena no demuestra que todas las denuncias relacionadas con el negocio quedaran resueltas, pero sí desmiente que todo se hubiera archivado. La cuestión pendiente es reconstruir qué otros asuntos se instruyeron, qué personas fueron investigadas y qué razonamientos judiciales sustentaron sus eventuales archivos, siempre respetando la presunción de inocencia.

Carles Cruz Moratones constituye una conexión documental directa entre el concurso de Girona y la justicia andorrana. Formó parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona que resolvió recursos relacionados con Info-Cobro, entre otros las sentencias 164/2014, 191/2014 y 192/2014. Las resoluciones analizaron cuestiones de administración concursal, créditos y reintegración patrimonial. Cruz desempeñaría después funciones en la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Andorra. Dos magistrados que habían intervenido en instancias diferentes de un mismo gran procedimiento económico terminaron ejerciendo en el Principado. Es un vínculo verificable, no una prueba de coordinación irregular.

Fernando Lacaba Sánchez, expresidente de la Audiencia Provincial de Girona, también entra en el mapa, con una distinción decisiva. En 2017 presentó una candidatura al Tribunal Superior de Justicia de Andorra. La plaza fue finalmente adjudicada a Elsa Puig Muñoz, y no consta que Lacaba se incorporara mediante aquella convocatoria. Años antes, publicaciones periodísticas habían referido una denuncia por presuntos vínculos económicos con el entorno de Info-Cobro. Sin acceso al expediente original y a su resolución no corresponde presentar tales alegaciones como hechos probados. Lo que sí puede exigirse es que se aclare si hubo diligencias, cómo terminaron y con qué criterios se valoró su candidatura.

Otros nombres completan el circuito Girona-Andorra. Fátima Ramírez Souto, procedente de la Audiencia de Girona, ejerció funciones en la Sala Penal del Tribunal Superior andorrano. Víctor Correas Sitjes desarrolló parte de su carrera en órganos judiciales de Girona antes de ser nombrado sustituto en Andorra. Ambos figuraban en la composición anunciada en septiembre de 2026 para el recurso relacionado con el caso BPA. Joan Manel Abril Campoy, también ligado profesionalmente a la Audiencia de Girona, llegó al Tribunal Constitucional andorrano. La movilidad profesional tiene cobertura jurídica; aun así, los expedientes de autorización, los criterios de reparto de asuntos y las decisiones sobre recusaciones deberían ser accesibles de manera sistemática.

La llegada de Novales a Andorra obliga a poner fechas, no insinuaciones, sobre otra controversia: la regulación de las subastas y el derecho de tanteo y retracto. El 9 de septiembre de 2026 juró el cargo en el Tribunal de Corts. El 30 de septiembre quedó publicado en el Consell General el proyecto de ley de acompañamiento del presupuesto de 2027, con cambios en materia de vivienda. El Gobierno de Demòcrates per Andorra defendía ampliar la adquisición preferente sobre determinados inmuebles procedentes de quiebras o situaciones de insolvencia, incluso en supuestos vinculados a subastas desiertas. Los mecanismos de tanteo y retracto ya tenían antecedentes legales previos al nombramiento de Novales. No se ha acreditado que participara en la redacción o promoción de la reforma.

Que no exista prueba de una conexión personal no elimina el interés público de la reforma. ¿Cómo se establecerán valoraciones objetivas? ¿Qué controles impedirán que una adjudicación directa se convierta en una transacción poco transparente? ¿Cómo se protegerá la posición de los acreedores y se garantizará la concurrencia? El objetivo declarado de ampliar la oferta de vivienda puede ser legítimo y socialmente necesario. Precisamente por ello requiere reglas claras, publicación de criterios y mecanismos de auditoría. Las sospechas no sustituyen una evaluación jurídica y económica; tampoco deberían impedirla.

Andorra conoce un precedente en el que la actuación de un juez y una subasta terminaron ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del 13 de junio de 2022, recurso 2022-24-RE, describe el expediente abierto por el Consell Superior de la Justícia respecto al batlle Xavier Colom Pich por participar en una subasta relacionada con una ejecución en la que habría intervenido. El Tribunal Constitucional anuló decisiones anteriores y ordenó un nuevo pronunciamiento judicial motivado sobre la eventual apertura del procedimiento de responsabilidad. No declaró culpable al magistrado. Sí identificó un problema de garantías procesales suficientemente relevante para ordenar la revisión. Joan Manel Abril Campoy figura entre quienes firmaron la sentencia.

Otro episodio es el del jurista Josep Delfí Guàrdia Canela y su anterior vinculación al consejo de CriteriaCaixa, grupo con intereses inmobiliarios en Andorra. En julio de 2025 se hizo pública una denuncia por presunta incompatibilidad con su función constitucional. Pero el desenlace no puede omitirse: en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia al no encontrar indicios de incompatibilidad. También señaló la falta de comparecencia del denunciante y, según la resolución difundida, que Guàrdia había dejado el cargo en Criteria antes de su designación constitucional y no participó en asuntos relacionados con la compañía. No existe base para presentar aquella imputación como responsabilidad acreditada. Sí sirve para recordar la importancia de hacer comprobables los regímenes de compatibilidad y abstención.

Desde Francia aparece otra ruta profesional de interés: Vincent Anière. Sus destinos en la carrera judicial francesa incluyen funciones en Évreux, Foix y Perpiñán, mientras que en Andorra fue designado presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior en 2019. Los registros franceses y andorranos permiten rastrear su trayectoria, pero para afirmar que dos cargos se ejercieron simultáneamente en condiciones incompatibles haría falta cruzar los nombramientos y las autorizaciones individuales. La cooperación entre Andorra y Francia prevé fórmulas administrativas de movilidad; España también cuenta con un acuerdo de cooperación judicial con el Principado prorrogado hasta abril de 2027.

El fenómeno no nació en 2026. Carles Obiols i Taberner, antiguo presidente de la Audiencia de Girona, ocupó responsabilidades judiciales en la Andorra anterior a la Constitución. Antoni Sabater i Tomàs, que también trabajó en la judicatura de Girona, fue juez delegado de apelaciones y posteriormente fiscal general del Principado. Son antecedentes históricos que muestran una circulación prolongada de profesionales entre sistemas jurídicos próximos. Lo relevante hoy es que Andorra pueda ofrecer un inventario completo de sus magistrados, los fundamentos de su selección, la duración de los mandatos y las autoridades competentes para investigar posibles incumplimientos.

La conclusión de Andorra Justice Watch no es una condena colectiva a los magistrados extranjeros. Es una reclamación de transparencia documentada. Deben recuperarse los expedientes y las resoluciones de Info-Cobro, identificar los procedimientos concretos que terminaron archivados, esclarecer el resultado de las alegaciones históricas que mencionaban a Lacaba y publicar con claridad los controles judiciales y administrativos que afectan a los nombramientos internacionales. En materia de subastas, las reformas deben ser acompañadas por información pública sobre sus efectos económicos y las garantías de concurrencia. La independencia judicial se protege mediante reglas comprobables, no mediante silencio institucional.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Audiencia Provincial de Girona, sentencia 192/2014: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-192-2014-ap-girona-sec-1-rec-551-2013-13-06-2014-14647401 ; Tribunal Constitucional de Andorra, sentencia 2022-24-RE: https://bopa.mca.ad/doctrina?c=TS20220613_17_57_50&f=tc ; procedimiento legislativo del presupuesto 2027: https://seu.consellgeneral.ad/normativaMilloradaAnunciPublic/categories?tipusId=11 ; nombramiento de Vincent Anière: https://ad.vlex.com/vid/acord-data-13-febrer-787542693 ; resolución sobre Guàrdia Canela: https://cadenaser.com/andorra/2025/10/29/el-tribunal-constitucional-desestima-la-denuncia-contra-josep-guardia-canela-per-incompatibilitats-radio-ser-principat-d-andorra/ .