Text original publicat per No es época para tontos.
¿Qué ocurre con la separación de poderes cuando política, justicia, banca, grandes intereses económicos y jefatura del Estado conviven dentro de un microestado donde prácticamente todo el mundo termina cruzándose?
El cuarto episodio de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO analiza la arquitectura institucional andorrana desde una idea fundamental: la buena fe de las personas no puede sustituir a los controles del sistema.
La investigación no parte de teorías conspirativas ni afirma que el Govern controle directamente la justicia. La cuestión es más profunda: en un país tan pequeño, donde los mismos perfiles circulan entre instituciones, empresas públicas, órganos judiciales y centros de decisión política, ¿existen suficientes cortafuegos para garantizar la independencia real y también su apariencia ante la ciudadanía?
El episodio comienza por el Consell Superior de la Justícia, compuesto por solo cinco miembros. Uno es designado por el Copríncipe francés, otro por el Copríncipe episcopal, otro por el jefe de Govern, otro por jueces y magistrados y otro por el síndic general. Decir que el Govern controla este órgano sería incorrecto. Pero cuatro de sus cinco integrantes proceden de las principales instituciones políticas o jefaturas del Estado, lo que plantea una cuestión legítima sobre la percepción de independencia.
La investigación entra después en el Tribunal Constitucional, formado por únicamente cuatro magistrados. Uno de los casos analizados es el de Josep-Delfí Guàrdia, nombrado magistrado constitucional por el Copríncipe episcopal en 2017 mientras formaba parte del consejo de administración de CriteriaCaixa, cargo que mantuvo simultáneamente hasta 2025. Criteria tenía intereses patrimoniales e inmobiliarios documentados en Andorra.
Este episodio no afirma que Guàrdia dictara resoluciones para favorecer a Criteria ni lo acusa de corrupción. La cuestión es si una simultaneidad de cargos de ese nivel cumple suficientemente con las exigencias de incompatibilidad, independencia y apariencia de imparcialidad que debería tener el máximo tribunal constitucional.
También se analiza el papel de los Copríncipes en los nombramientos institucionales. No existe prueba de que magistrados andorranos reciban instrucciones del Obispado o del Elíseo. El debate es otro: qué transparencia, controles de incompatibilidades y criterios públicos deberían acompañar esos nombramientos.
Otro punto especialmente delicado aparece en la Fiscalía. En abril de 2023 Xavier Sopena figuraba como candidato en la lista nacional de Demòcrates per Andorra. Cinco meses después fue propuesto como fiscal general. Eso no demuestra que actúe siguiendo instrucciones políticas, pero plantea una cuestión evidente sobre la apariencia de independencia y sobre la conveniencia de establecer períodos obligatorios de enfriamiento entre política activa y determinados cargos judiciales o fiscales.
El episodio examina además los centros informales de poder dentro del Ejecutivo, la circulación de altos cargos entre ministerios, gabinetes y empresas públicas y la necesidad de que cualquier poder real vaya acompañado de responsabilidad formal y control democrático.
La investigación aborda también Andorra Digital. No afirmamos que esta estructura haya sido creada para manipular elecciones. La advertencia es preventiva: si en el futuro infraestructuras digitales controladas por el Estado participan en procesos electorales, debe existir una separación radical entre quien gobierna, quien administra la tecnología y quien audita el voto.
DA no creó el Coprincipado ni la Constitución de 1993. Tampoco inventó las particularidades de un microestado.
Pero gobierna Andorra ininterrumpidamente desde 2011.
Después de catorce años, la pregunta ya no puede ser únicamente qué sistema heredó Demòcrates per Andorra, sino qué reformas ha realizado para impedir que proximidad, concentración de cargos, intereses económicos y conflictos de incompatibilidad debiliten la confianza ciudadana.
La solución no consiste en acusar a todo el mundo de corrupción.
Consiste precisamente en construir instituciones que no obliguen al ciudadano a confiar ciegamente en nadie.
Períodos de enfriamiento. Nombramientos transparentes. Incompatibilidades claras. Recusaciones efectivas. Control parlamentario. Rendición de cuentas. Auditorías independientes.
Porque en una democracia sólida la independencia institucional no puede depender de que quienes ocupan el poder sean buenas personas.
Debe estar garantizada por el sistema.
Episodio 4 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO.
Investigación y responsabilidad editorial: Josep Guirao.
Análisis producido con asistencia de IA agéntica independiente de Blaxxun. Las conclusiones editoriales corresponden exclusivamente al autor.
