Original text published by No es época para tontos.
Lo que comienza como una reclamación de honorarios vinculada a la gestión de un fondo termina convertido en un procedimiento penal por fraude. Según la transcripción, la defensa sostiene que se trataba de una controversia que debía haberse resuelto en el ámbito mercantil, pero la Fiscalía impulsó la vía penal y llegó a solicitar prisión. El relato denuncia además obstáculos para recurrir, la celebración de actuaciones mientras el acusado estaba de baja médica y el empleo de la policía para entregar comunicaciones administrativas incluso de madrugada. Años después, el Tribunal Constitucional anuló parte de la condena. La conclusión del episodio es especialmente dura: en un sistema sin contrapesos suficientes, el castigo para quien incomoda puede no ser únicamente la sentencia, sino todo el procedimiento que conduce hasta ella.
