Original text published by No es época para tontos.
Esta investigación documental reconstruye la guerra institucional que se desencadenó por el control de la masonería en Andorra. Frente a las versiones oficiales que describen una evolución pacífica hacia una Gran Logia nacional, la correspondencia, las actas internas y los documentos protocolizados revelan una historia de exclusiones, amenazas, suspensiones y maniobras ejecutadas desde estructuras masónicas extranjeras. La transcripción define el conflicto como una auténtica «guerra fría institucional» y contrapone el proyecto soberano de Carlemany con una operación destinada a controlar el territorio masónico andorrano.
Desde 1993, Josep Guirao, Thierry Hortolan y Joan Lluís Pérez defendieron la creación de una masonería regular, legal y gobernada por los propios andorranos. Constituyeron la asociación Gran Lògia d’Andorra, promovieron Montsalvat y consiguieron finalmente que Carlemany número 1117 fuera consagrada directamente por París. Carlemany agrupaba a la mayoría de los masones residentes y mantenía un principio irrenunciable: el Gran Maestro debía ser elegido por los masones de Andorra, no designado desde Francia o España.
El gran antagonista de esta historia es Antoni d’Ortadó. Con escasa antigüedad masónica y sin el respaldo del grupo mayoritario, aceptó dirigir un Distrito diseñado por las provincias extranjeras. Su condición andorrana sirvió para proporcionar una apariencia nacional a una estructura cuyos principales oficiales residían fuera del país. La ceremonia fue convocada con apenas cuarenta y ocho horas de antelación, pese a que las normas exigían quince días, y se celebró ignorando la protesta notarial y el boicot de Carlemany.
El momento decisivo llegó el 8 de junio de 1998. Mientras Josep Guirao se encontraba en Estados Unidos, d’Ortadó se presentó en Carlemany, reclamó el mallete —símbolo máximo de autoridad— y suspendió a Joan Lluís Pérez y al propio Guirao, que ni siquiera estaba presente para defenderse. La transcripción presenta aquel episodio no como una integración voluntaria, sino como la decapitación política de la logia que se resistía al Distrito.
Meses después, los masones andorranos calificaron la situación de catastrófica. Denunciaron una dirección autoritaria, gastos no autorizados y la incorporación de decenas de extranjeros que habría permitido diluir el peso de los miembros locales. Guirao llevó la denuncia hasta Nueva Jersey, pero en febrero de 1999 volvió a ser suspendido, esta vez mediante una llamada telefónica.
El asalto hostil a la masonería andorrana denuncia también la posterior reescritura de estos acontecimientos. Los relatos institucionales eliminaron a los primeros promotores, transformaron la oposición de Carlemany en una supuesta unión consensuada y presentaron a d’Ortadó como un dirigente unificador. La tesis final es devastadora: el reconocimiento internacional posterior puede legitimar la institución existente, pero no puede borrar las emboscadas administrativas, las purgas ni los métodos utilizados para conquistar su poder. Los documentos permanecen, y lo sucedido quedó escrito y firmado.
