Texto original publicado por No es época para tontos.
Piscina, gimnasio, pistas de pádel, garajes y viviendas junto a la Playa de San Juan. Podría parecer una urbanización privada de lujo. Pero Les Naus es una promoción de vivienda de protección pública construida sobre suelo que había sido municipal, mientras más de 5.400 familias esperaban acceder a una vivienda asequible en Alicante.
Las viviendas costaron aproximadamente 220.000–240.000 euros, mientras que pisos comparables del mercado libre en la misma zona podían acercarse a los 400.000 o 500.000 euros. Una diferencia cercana a los 200.000 euros que convierte el acceso a una de estas viviendas en una ventaja patrimonial extraordinaria.
Y entonces aparecen los nombres.
La investigación aborda a Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo de Alicante; familiares de María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal vinculada a contratación; arquitectos y funcionarios; personas relacionadas con la gestora Fraorgi; y la responsabilidad política del gobierno municipal de Luis Barcala, además de figuras como Toni Gallego. La causa cuenta actualmente con 15 personas investigadas. Investigado no significa culpable y la presunción de inocencia debe respetarse, pero las preguntas políticas siguen intactas: ¿quién conocía la promoción?, ¿quién comprobó los expedientes?, ¿quién firmó y quién debía controlar el conjunto?
El problema se agrava cuando llegan las inspecciones. El podcast recoge viviendas aparentemente desocupadas, anuncios de VPP ofrecidas por hasta 1.600 euros mensuales y testimonios de interesados que aseguran que se les llegaron a reclamar enormes cantidades adicionales en efectivo sobre el precio oficial. Estas últimas son acusaciones y testimonios todavía no presentados como hechos judicialmente probados, pero muestran la gigantesca presión especulativa creada por la diferencia entre el precio protegido y el precio de mercado.
Pero esta investigación va más allá de Alicante.
Después de 2008, compañías y fondos como Blackstone, Cerberus, Lone Star, BlackRock, Akelius, Vonovia, Heimstaden o Covivio entraron en el negocio residencial a gran escala: comprar paquetes de viviendas depreciadas, alquilarlas, revalorizarlas y venderlas o convertirse en caseros industriales. El programa recuerda también la venta en Madrid de 1.860 viviendas sociales durante el gobierno de Ana Botella a una sociedad vinculada a Blackstone.
No existe relación corporativa entre esos fondos y Les Naus. La conexión que analiza este episodio es otra: la vivienda se ha convertido en un activo capaz de generar enormes beneficios precisamente porque es escasa.
Un organismo vende el suelo. Otro confecciona la lista. Otro verifica documentación. Otro concede permisos. Otro inspecciona cuando las viviendas ya están entregadas.
Y la pregunta termina siendo demoledora:
si cada institución controla solamente una pequeña parte, ¿quién controla realmente toda la operación?
Rachael y Josep siguen el rastro del suelo público, el dinero público, las adjudicaciones y las plusvalías para plantear una cuestión todavía mayor: ¿están las administraciones resolviendo la crisis de la vivienda o están utilizando recursos públicos para alimentar un mercado en el que las ganancias terminan privatizadas?
Porque detrás de las piscinas, los áticos y los expedientes hay miles de personas esperando.
Y mientras unos consiguen las llaves, otros siguen fuera.
