Texto original publicado por No es época para tontos.

ANDORRA JUSTICE WATCH | INVESTIGACIÓN ESPECIAL

No hizo falta un sofisticado virus. Según la documentación analizada, quienes accedieron indebidamente al portal de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) utilizaron certificados digitales empresariales robados. El propio sistema aceptó esas credenciales. Después, mediante consultas automatizadas al verificador del NIA, pudieron visualizar nombres, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento de afiliados.

El incidente se conoció entre el 11 y el 12 de noviembre de 2026. No hay pruebas en el expediente examinado de que se sustrajeran historiales médicos, datos bancarios o censos electorales. Una herramienta pública permitió consultar datos personales de terceros.

¿QUIÉN ABRIÓ ESA PUERTA?

¿Quién autorizó los permisos? ¿Por qué no había controles eficaces contra consultas masivas? ¿Cuándo se robaron los certificados? ¿Cuándo empezó la intrusión? ¿Cuándo la detectó la CASS? ¿Cuántos ciudadanos fueron afectados?

La cronología oficial conocida no permite responder a estas preguntas. Sin fechas exactas de detección y notificación, tampoco puede verificarse públicamente el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 29/2021 de protección de datos, incluido el plazo de referencia de 72 horas.

LOS NOMBRES QUE DEBEN DAR EXPLICACIONES

Marc Galabert, presidente del Consejo de Administración de la CASS; Josep Escoriza, director general; Alfred Alcon, responsable de Sistemas de Información; y Jordi Ubach, en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, aparecen en la cadena institucional a la que corresponde explicar controles, auditorías, respuesta y supervisión.

Ocupar un cargo no prueba un delito. Pero tampoco exonera de rendir cuentas por las decisiones adoptadas o las comprobaciones omitidas. Los delitos de terceros no borran los deberes institucionales.

2,6 MILLONES Y EL PODER DE ANDORRA DIGITAL

Mientras crece la dependencia tecnológica de la Administración, Andorra Digital concentra funciones estratégicas bajo una sociedad pública participada mayoritariamente por el Gobierno. En 2026 se debatía una dotación de unos 2,6 millones de euros.

Los nombres de esa estructura también importan: Marc Rossell, Ester Molné y David Vicente. Y en la cúspide política del Ejecutivo está Xavier Espot.

La investigación no demuestra que Andorra Digital causara la brecha de la CASS. Sí plantea una cuestión que el Gobierno debe aclarar: ¿quién controla las infraestructuras, los contratos, las identidades digitales y las auditorías independientes cuando el poder tecnológico se centraliza?

CONCURSOS URGENTES ANTES DEL ESCÁNDALO

El 6 de octubre de 2026, la CASS convocó cuatro concursos urgentes relacionados con modernización tecnológica y seguridad. La apertura de ofertas estaba prevista para el 3 y el 4 de noviembre.

El expediente menciona además adjudicaciones a Seidor And para Microsoft 365 y a Deloitte Andorra para control interno, por unos 73.150 y 92.482,50 euros, respectivamente.

La coincidencia no demuestra culpa de los proveedores. Pero exigen publicar qué se contrató, qué riesgos se conocían y qué auditorías existían antes del incidente. Una factura no sustituye a una prueba de seguridad.

DE LAS ADVERTENCIAS A LAS RESPONSABILIDADES

Josep Guirao había advertido en 2025 de los riesgos de concentrar poder digital sin suficiente control externo. La investigación también recuerda la impugnación electoral de Emili Campos de 2023, desestimada por el Tribunal Constitucional: no acredita manipulación de votos, pero sitúa en primer plano la necesidad de trazabilidad verificable.

Tampoco hay pruebas para atribuir el ataque a Rusia o Ucrania por coincidencias de calendario con la reunión de Xavier Espot y Volodímir Zelenski, ni para responsabilizar a Oracle o NVIDIA sin una vinculación técnica demostrada. Investigar no es inventar culpables.

LO QUE DEBE OCURRIR AHORA

La Agencia Andorrana de Protección de Datos debe examinar el alcance y la legalidad de las consultas. La Policía y la Fiscalía deben asegurar los registros informáticos y su cadena de custodia. El Consell General debe reclamar cronologías, informes técnicos, contratos y comparecencias públicas.

Queremos saber quién diseñó el verificador, quién aprobó sus permisos, quién lo auditó, cuándo se detectó el abuso y quién decidió cómo comunicarlo. Y qué consecuencias habrá si hubo infracciones.

La ciudadanía no elige otra Seguridad Social. Confía obligatoriamente sus datos a la CASS. Por eso no bastan comunicados ni millones destinados a digitalización.

SI EL ESTADO NO PUEDE EXPLICAR QUIÉN CONSULTÓ LOS DATOS DE SUS CIUDADANOS, ¿CÓMO PUEDE DEMOSTRAR QUE CONTROLA LAS LLAVES DE SU PODER DIGITAL?

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