Texto original publicado por No es época para tontos.
Andorra está construyendo un Estado cada vez más digital, interoperable y dependiente del análisis de datos. En ese contexto, un dato obliga a mirar con más atención el proceso: desde 2021, Andorra figuraba expresamente dentro del territorio comercial privado de un responsable de Palantir Technologies junto con España y Portugal. Esto no demuestra que el Gobierno haya contratado a Palantir, ni que Andorra Telecom, FEDA, CASS, SAAS, Andorra Digital, AR+I o la banca hayan implantado sus plataformas. Pero sí justifica una pregunta concreta: si Andorra era un mercado identificado por la compañía, ¿qué actividad comercial o técnica se desarrolló realmente en el país?
Palantir no vende únicamente software convencional. Sus plataformas integran fuentes distintas y convierten datos dispersos en conocimiento operativo. Aquí aparece el problema de soberanía: un Estado puede conservar formalmente todos sus datos y, al mismo tiempo, depender de una arquitectura externa para comprenderlos y cruzarlos. La propiedad jurídica de la información no equivale al control efectivo sobre la capacidad de interpretarla.
El precedente español es revelador. Palantir comenzó con una prueba de concepto de 256.200 euros para Defensa y, un año después, la relación había escalado hasta un contrato de 16,54 millones para una solución de fusión y análisis de inteligencia. Este patrón obliga a mirar más allá de las grandes adjudicaciones. Una implantación puede comenzar con una demo, un piloto, un workshop, un NDA, una consultoría o un integrador tecnológico. Por eso, no encontrar el nombre de Palantir en un contrato público no basta para descartar contactos previos.
Francia aporta una advertencia todavía más importante. La DGSI utilizó Palantir durante años y el Estado francés ha decidido sustituir progresivamente esa dependencia por una solución nacional. No porque haya acusado a Palantir de espionaje o robo de datos, sino porque una infraestructura crítica debe poder ser auditada, comprendida y sustituida. Cuando una plataforma estructura durante años los flujos de trabajo y los modelos de datos, abandonarla puede resultar lento, caro y técnicamente complejo.
La dimensión de Andorra amplifica la cuestión. El país concentra en pocos actores las telecomunicaciones, la energía, la salud, la seguridad social, las finanzas y la administración. Esta estructura facilita la innovación, pero también hace muy poderosa cualquier plataforma capaz de relacionar información de varios sectores. El riesgo no es la digitalización, sino que la capacidad tecnológica crezca más rápido que la supervisión.
Este desequilibrio es relevante porque la APDA ha reconocido limitaciones de recursos ante los retos de la inteligencia artificial, la biometría y el tratamiento masivo de información. Una arquitectura compleja no se controla solo con una buena ley: hacen falta especialistas, auditorías y capacidad real de inspección.
La investigación no debe convertir sospechas en acusaciones, pero tampoco puede aceptar el silencio. El Gobierno podría aclarar si desde 2021 ha habido reuniones, demostraciones, pruebas de concepto, pilotos, negociaciones o contactos con Palantir o con representantes e integradores vinculados a la compañía. Las mismas preguntas son pertinentes para Andorra Digital, Andorra Telecom, FEDA, CASS, SAAS, AR+I, la AFA y el sector financiero privado.
La soberanía digital no consiste en fabricar toda la tecnología dentro del país. Consiste en conservar la capacidad de auditarla, comprenderla, migrarla y sustituirla sin perder el control de los servicios esenciales. El hecho de que Palantir tuviera a Andorra dentro de su mapa comercial desde 2021 no prueba ninguna operación secreta, pero sí justifica una investigación clara sobre con quién habló, qué ofreció y hasta dónde llegó. La pregunta final es simple: ¿quién tendrá el poder de leer, relacionar y convertir los datos de Andorra en decisiones cuando la infraestructura sea demasiado compleja para volver atrás?
