Texto original publicado por No es época para tontos.
Un movimiento nacido para defender la libertad en Internet ha encontrado en Andorra un campo de batalla mucho más amplio: las cámaras que observan a los ciudadanos, las cuentas que paga el contribuyente y una vivienda cuyo precio sigue alejándose de los salarios. Su pregunta es tan incómoda como elemental: ¿quién vigila a quienes gobiernan?
En Suecia, los piratas aparecieron en 2006 alrededor de la privacidad, el conocimiento libre y los derechos digitales. Dos décadas después, el programa europeo de 2024 habla también de sanidad, derechos sociales, vivienda, transparencia y lucha contra la corrupción. No es un salto caprichoso: la concentración de datos y la concentración del poder plantean un problema parecido. Cuando solo unos pocos pueden ver cómo funciona el sistema, los demás quedan obligados a confiar.
En Andorra, Pirates d’Andorra se presentó públicamente en noviembre de 2025 con una declaración política inequívoca: contribuir a poner fin al dominio institucional de Demòcrates per Andorra. El proyecto todavía no consta como partido inscrito en el registro oficial. Pero la inscripción y la capacidad de examinar decisiones públicas son cuestiones distintas. La fiscalización ciudadana no empieza el día que se consigue un escaño.
Sus primeras actuaciones documentadas permiten medir esa diferencia. En febrero de 2026, el movimiento cuestionó ante la Agencia Andorrana de Protección de Datos el uso de videovigilancia asistida por inteligencia artificial en Encamp y las cámaras corporales previstas para agentes de circulación de La Massana. La discusión no se agota en si existe reconocimiento facial. Importan también los datos que se recogen, su conservación, los protocolos de uso, la proporcionalidad y la posibilidad de reconstruir rutinas de las personas. Instalar tecnología pública exige algo más que prometer que se usará bien: exige explicaciones verificables.
El examen alcanza asimismo el modelo inmobiliario. Las cifras de 2025 citadas en el dossier hablan de un aumento del 35,3 % en las transacciones y del 10,5 % en el precio medio por metro cuadrado. También señalan que el 75,1 % de las adquisiciones realizadas por personas físicas correspondieron a residentes. Si el mercado sigue encareciéndose, reducir el problema a los compradores extranjeros resulta una explicación insuficiente. Después de catorce años de gobiernos de DA, hay preguntas concretas sobre sus decisiones urbanísticas, sus prioridades y sus resultados que merecen respuestas igual de concretas.
El control de las cuentas tampoco depende del tamaño de la cifra. El episodio examina una observación del Tribunal de Cuentas sobre 1.979 euros percibidos de más por DA en financiación electoral: no es prueba de una trama, pero sí una ocasión para preguntar qué controles fallaron y cómo se corrigieron. La transparencia se demuestra en los grandes contratos y también en los pequeños ajustes.
A este debate se suma un ecosistema de investigación, libros y vídeos críticos con el poder andorrano. Es importante no atribuir automáticamente esas publicaciones al partido: el trabajo periodístico independiente y las actuaciones oficiales de Pirates d’Andorra no son lo mismo. Ambos pueden contribuir al debate público, pero cada documento debe responder por su propia autoría y sus propias pruebas.
Queda también una exigencia hacia los piratas: convertir su promesa de democracia abierta en reglas internas visibles, participación real y cuentas accesibles. Pedir transparencia al Govern obliga a practicarla puertas adentro.
El conflicto de fondo no es una batalla entre informáticos y políticos tradicionales. Es decidir si Andorra seguirá funcionando como una caja negra, en la que la ciudadanía solo conoce los resultados, o como una administración que puede ser examinada línea por línea. El movimiento pirata ha situado esa pregunta sobre la mesa. Ahora le toca al poder contestarla con documentos, no con eslóganes.
