Texte original publié par ANDORRA 24.
El Sindicato de la Vivienda de Andorra (SHA) ha fijado el 3 de diciembre como plazo para alcanzar un acuerdo con el Gobierno y los grupos parlamentarios. Según el documento sindical, si no hay acuerdo prepara una movilización que afectaría al tráfico en una de las fronteras durante el puente de diciembre, mientras la otra permanecería abierta. El 13 de noviembre prevé presentar las medidas detalladas y reclama una respuesta antes del día 20. Pide protección para los alquileres firmados entre 2022 y 2024, un índice de precios de referencia y alternativas habitacionales estables. Es una advertencia del sindicato, no un corte fronterizo ejecutado; falta la respuesta oficial.
El Gobierno ha presentado una campaña para fomentar el uso del catalán en consultas, hospitales y farmacias, con un presupuesto anunciado de 24.000 euros y duración prevista hasta el 24 de noviembre. Según las cifras difundidas, el 64% de los pacientes son atendidos exclusivamente en catalán por médicos generalistas y el 54,5% por especialistas. Las ministras Mònica Bonell y Helena Mas defienden facilitar el uso de la lengua en la asistencia sanitaria; también se imparte formación a profesionales del SAAS. Habrá que medir los resultados de la campaña y asegurar el acceso a la atención médica.
La Unión Sindical de Andorra (USdA) propone elevar el primer umbral exento del IRPF desde los actuales 24.000 euros hasta 30.599,41 euros en 2027. También plantea revisar los demás umbrales y actualizarlos cada año conforme al IPC desde 2028. La organización sostiene que congelar los límites fiscales perjudica a los salarios que suben para compensar la inflación. Es una propuesta sindical, no una reforma aprobada; todavía no se ha contrastado su impacto presupuestario ni la respuesta parlamentaria.
Los cinco grupos parlamentarios han presentado conjuntamente una proposición para reformar la Ley cualificada del Tribunal Constitucional. La iniciativa aborda incompatibilidades y mandatos de los magistrados, gobierno interno del tribunal y procedimientos de amparo. Según la información publicada, la responsabilidad civil se limitaría a dolo o negligencia grave e inexcusable y se aclararía el acceso posterior al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras la inadmisión de un amparo. El texto sigue pendiente de tramitación: la independencia judicial también exige debatir la rendición de cuentas y el acceso efectivo a la justicia.