Texte original publié par No es época para tontos.
En una democracia nadie necesita prohibirte hablar si consigue que hablar resulte demasiado caro.
El noveno episodio de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO analiza el efecto disuasorio que puede producir la propia maquinaria institucional sobre activistas, políticos, abogados y ciudadanos críticos.
No hablamos de una dictadura ni afirmamos que el Govern dé órdenes a los jueces. La cuestión es otra: ¿qué ocurre cuando enfrentarse al poder puede significar años de procedimientos, abogados, ansiedad, pérdida de clientes y daño reputacional, incluso cuando finalmente llega una absolución?
Vanessa Mendoza es uno de los ejemplos más claros. En 2019 intervino ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas para hablar sobre la prohibición del aborto en Andorra. El Govern trasladó el asunto a Fiscalía y se inició un procedimiento penal. Fiscalía llegó a solicitar multa, responsabilidad civil e inhabilitación.
El 17 de enero de 2024, después de más de cuatro años, Mendoza fue absuelta.
La absolución demuestra que los tribunales podían corregir el proceso. Pero para cualquier otra activista queda una pregunta incómoda: ¿está dispuesta a soportar cuatro años de desgaste para ejercer su libertad de expresión?
Ahí nace la autocensura.
El episodio analiza también el caso de Carine Montaner. Fue procesada después de hacer pública información relacionada con remuneraciones de Ferran Costa. El querellante retiró su acción, pero Fiscalía mantuvo la acusación y solicitó dos años de prisión condicional y dos de inhabilitación.
En julio de 2024 llegó la absolución al determinarse que la información discutida, al referirse a fondos públicos, estaba sometida a publicidad.
Otra vez surge la misma pregunta: aunque finalmente ganes, ¿qué precio has pagado para llegar hasta allí?
La investigación aborda también la apariencia de independencia institucional. Xavier Sopena figuró como candidato de Demòcrates per Andorra en abril de 2023 y cinco meses después fue propuesto como fiscal general.
Esto no demuestra que recibiera instrucciones políticas ni que fuera nombrado para perseguir adversarios. El debate está en las reglas. Una democracia debería evitar que el ciudadano tenga motivos razonables para dudar de la independencia de quien dirige la acusación pública.
De ahí la propuesta de establecer períodos de enfriamiento entre política activa y determinados cargos de la Fiscalía o la justicia.
El episodio entra después en el coste de disentir para los abogados.
Antoni Riestra pasó alrededor de seis años bajo la amenaza de penas de prisión e inhabilitación profesional antes de quedar definitivamente absuelto.
Joan Antoni Silvestre consiguió en 2018 la recusación de un magistrado en el caso BPA por problemas de apariencia de imparcialidad mientras, paralelamente, afrontaba otro procedimiento penal.
La investigación no afirma que un proceso fuera una represalia por el otro. No existe prueba que permita sostenerlo.
Uno de los casos más paradójicos es el de Jèssica Obiols. Fue condenada en 2021 por deslealtad profesional. Posteriormente la pena fue reducida y, tiempo después, el legislador modificó el Código Penal eliminando aquella conducta como delito.
La condena existió y no debe presentarse como si nunca hubiera ocurrido. Pero la reforma posterior plantea una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando el Estado castiga penalmente una conducta y después decide que esa misma conducta ya no merece ser delito?
La ley puede cambiar. El rastro digital permanece. Los clientes perdidos no regresan automáticamente. La reputación dañada tampoco.
Y esa es la verdadera dimensión del efecto disuasorio.
El problema no afecta únicamente a quienes aparecen en este episodio. Afecta al próximo periodista, abogado, parlamentario, activista o ciudadano que observa estos casos antes de decidir si merece la pena enfrentarse al poder.
Una democracia no pierde libertad de expresión únicamente cuando alguien prohíbe hablar. También puede perderla cuando hablar se convierte en una decisión económica, profesional y emocionalmente insoportable.
Porque cuando el precio de disentir es demasiado alto, la censura ya no necesita censor.
La ejerce el miedo.
Episodio 9 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO.
Investigación y responsabilidad editorial: Josep Guirao.
Análisis producido con asistencia de IA agéntica independiente de Blaxxun. Las conclusiones editoriales corresponden exclusivamente al autor.
