Jèssica Obiols fue condenada por deslealtad profesional tras representar, años después, a la parte contraria de un antiguo cliente. Pero el verdadero núcleo del caso no está solo en si ambas actuaciones podían considerarse “el mismo asunto”, sino en algo mucho más grave: si existió realmente dolo, requisito imprescindible para…
Este vídeo comenta el episodio 07 del libro de Emili Campos, dedicado al caso anonimizado de A.G.P., las denuncias relacionadas con el incumplimiento del régimen de visitas y la posterior demanda de responsabilidad judicial.
Una ejecución para entregar objetos personales y un Jaguar F-Pace terminó desencadenando una denuncia disciplinaria, un recurso ante el Tribunal Superior y la petición de apartar a ocho de sus nueve magistrados. El episodio muestra cómo un conflicto privado se transformó en una batalla sobre ejecución, recusación e imparcialidad.
Un cliente de Campos tenía 737.088 euros bloqueados en Banca Privada d’Andorra. Tras la quiebra de BPA, la defensa intentó separar el dinero de la masa concursal. El Tribunal de Corts rechazó la segregación, Campos presentó un incidente de nulidad y la magistrada ponente pidió protección institucional frente al propio abogado.
En 2001, Papafrita.com publicó textos críticos con el funcionamiento de la justicia andorrana. Fiscalía abrió diligencias y la Policía interrogó a personas relacionadas con el portal.
Josep Parramon había sido condenado por apropiación indebida a prisión condicional, inhabilitación y responsabilidad civil. Ante la posibilidad de que la falta de pago provocara su entrada en prisión, Campos recurrió utilizando la insolvencia, los pagos realizados y la propia lógica del Código Penal.
Una victoria judicial terminó generando una reclamación de 8.573 euros en costas y honorarios. Campos respondió demandando personalmente a varios jueces. El episodio analiza la frontera entre una resolución discutible y la posible responsabilidad civil de quienes la dictaron.
Una denuncia por una supuesta agresión y por obstáculos al régimen de visitas terminó archivada. Emili Campos transformó aquel archivo en una demanda de responsabilidad civil contra la batlle instructora y contra la magistrada que confirmó el sobreseimiento.