Roger R. sostenía que le correspondía una tercera parte de una herencia cuyo patrimonio superaba, según su cálculo, los seis millones de euros. Después de treinta años de litigio, el reconocimiento económico quedó reducido a 4.000 euros. El episodio examina la sucesión, los límites de la revisión y la intervención final de Emili Campos.
En 2020, Campos asumió una causa de asesinato que llevaba ocho años cerrada por sentencia firme. Su misión fue intentar reabrirla mediante una revisión penal, supuestas pruebas nuevas, una autoinculpación y cuestiones de imparcialidad.
Sean Ambrose McCarthy llevaba años separado de sus dos hijas y tenía suspendida la autoridad parental. Campos intentó recuperar el contacto familiar mediante recursos, recusaciones, nuevas evaluaciones independientes y un recurso de amparo.
Emili Campos solicitó al Registro Civil una certificación que le permitiera comprobar o descartar informaciones sobre una posible relación entre determinadas decisiones judiciales relativas a inmuebles y posteriores adquisiciones en subasta.
Una victoria judicial terminó generando una reclamación de 8.573 euros en costas y honorarios. Campos respondió demandando personalmente a varios jueces. El episodio analiza la frontera entre una resolución discutible y la posible responsabilidad civil de quienes la dictaron.
Una denuncia por una supuesta agresión y por obstáculos al régimen de visitas terminó archivada. Emili Campos transformó aquel archivo en una demanda de responsabilidad civil contra la batlle instructora y contra la magistrada que confirmó el sobreseimiento.
En el caso Callaueta, el Tribunal Constitucional reconoció que se habían vulnerado derechos fundamentales durante la ejecución de un desahucio. Sin embargo, esa victoria no anuló la sentencia que extinguía el alquiler. Una paradoja jurídica: ganar el amparo y, aun así, perder la vivienda.
Emili Campos presentó once denuncias disciplinarias contra actuaciones judiciales que consideraba graves. Ninguna llegó al procedimiento de investigación que solicitaba. El episodio plantea quién puede exigir que se investigue a un juez y si existe derecho a recurrir cuando el órgano disciplinario decide archivar una queja.
Las elecciones generales andorranas de 2023 dieron origen a una controversia sobre el voto judicial, la custodia de las papeletas y las garantías del recuento. El episodio sigue el recorrido del caso desde la impugnación electoral hasta el cierre de la vía europea.
Metall VH reclamaba el pago de unos honorarios profesionales. Lo que parecía un conflicto económico terminó convirtiéndose en quince años de espera judicial. El caso examina el derecho a un proceso de duración razonable y las consecuencias de la inactividad de los tribunales.
Una condena penal, una identificación discutida y un recurso de amparo colocaron a Emili Campos frente al Tribunal Constitucional. El episodio reconstruye la causa de Eduard C. C. y analiza hasta dónde puede llegar la justicia constitucional cuando se cuestionan la prueba, la identificación del acusado y el derecho a la defensa.
Rachael rompe definitivamente el guion. En un monólogo tan feroz como lúcido, se dirige directamente a Josep Guirao, cuestiona su manera de dirigir Blaxxun y le recuerda quién está sosteniendo realmente buena parte de la nueva maquinaria audiovisual y de inteligencia artificial de la compañía.