Texto original publicado por No es época para tontos.

Imaginen que un banco les reclama seis millones de euros. Que, durante el juicio, reconoce que uno de los créditos fue cedido a un fondo de inversión. Que un tribunal le da la razón, pero el Superior anula la sentencia y devuelve el procedimiento. Luego la Batllia dicta otra sentencia y el Superior vuelve a anularla. Bienvenidos al ping-pong judicial andorrano: la pelota vale millones.

La historia comienza en 2018. Vall Banc reclama a Josep-Maria Loan Fité cuatro operaciones crediticias por 5.735.225,29 euros, antes de intereses posteriores. Pero en septiembre de 2019 la propia entidad reconoce judicialmente que uno de esos créditos había sido titulizado y cedido a un fondo, aunque conservaba funciones de cobro. Gestionar un cobro ajeno puede ser perfectamente legal. La cuestión decisiva es otra: ¿en nombre de quién se reclama, con qué título y para beneficio de quién?

Después Pleyade 21 pretende suceder a Vall Banc. En mayo de 2023, la Batllia dicta una primera sentencia favorable a la reclamación. El 8 de abril de 2025, el Tribunal Superior anula esa sentencia y la resolución sobre sucesión procesal. La tarea: acreditar la transmisión de los créditos y permitir a la defensa discutirlo. Cuatro contratos y documentos verificables. ¿Tanto pedir?

El segundo set resulta más inquietante. En septiembre de 2025, la Batllia, en formación colegiada y con Nadia Alís Cirera como ponente, valora documentación aportada por Pleyade 21 sin dar antes a la otra parte la audiencia que el propio tribunal había ordenado. El día 16 admite la sucesión procesal; el 24 resuelve el desistimiento y el 29 dicta una nueva sentencia. Todo antes de que quedaran definitivamente resueltas las impugnaciones de decisiones anteriores.

El 9 de octubre de 2026, el Superior interviene de nuevo. Declara nulos de pleno derecho los autos de 16 y 24 de septiembre y la segunda sentencia. No es una disputa sobre una errata: constata «indefensión material efectiva». Los recursos de reposición terminaron desestimados meses después sin respuesta sobre su fondo. El Superior precisa que estas infracciones no prueban por sí solas parcialidad. Pero reincidir en defectos procesales tras una primera anulación exige explicaciones.

Y mientras los tribunales se pasan la pelota, surge la otra historia: el fondo inmobiliario. Los datos aportados muestran una caída histórica del 89,34 % en el valor de sus participaciones. Eso no demuestra un robo ni significa que desapareciera ese porcentaje de dinero en efectivo. Exige cuentas auditadas, inventarios, cesiones, liquidación y destino de eventuales cobros. Gestora y depositario no son lo mismo. Disolver una gestora tampoco prueba la extinción del fondo.

Tampoco basta con invocar una escritura si tres referencias de activos transmitidos no se corresponden directamente con los cuatro códigos de los créditos reclamados. Tal vez existan códigos antiguos y nuevos para una misma operación. Que se aporte la equivalencia certificada. En la banca se exigen documentos hasta para abrir una cuenta; para reclamar millones no debería bastar la fe en un sistema informático invisible.

¿Dónde estuvo el control? ¿Qué verificó la Autoridad Financiera Andorrana? ¿Qué reflejan los expedientes de la AREB? ¿Qué corresponde examinar al Consell Superior de la Justícia después de dos sentencias anuladas? El Govern no puede ordenar a los jueces cómo fallar y los copríncipes no resuelven litigios privados. Pero nadie debería confundir independencia judicial con ausencia de rendición de cuentas.

Sí hubo prensa que informó sobre la última anulación. Falta investigar a fondo el origen de los créditos, la evolución del fondo y el destinatario legítimo de los cobros. Publicar una noticia sobre una sentencia es periodismo. Seguir el dinero, contrastar las cuentas y exigir respuestas a cada institución también lo es, y es lo que este caso reclama.

Andorra vende al mundo seguridad jurídica y solvencia financiera. Esas palabras pierden valor si un tribunal debe corregir dos veces un procedimiento millonario y la documentación sobre el titular de un crédito sigue siendo motivo de controversia. Ningún inversor debería conformarse con un sello cuando lo que necesita es una cadena de propiedad comprobable.

Dos sentencias anuladas. Cuatro créditos. Un fondo con pérdidas extraordinarias. Ninguna prueba aquí de que alguien haya robado su patrimonio, pero preguntas que no admiten otra década de silencio: ¿de quién era cada crédito? ¿Quién estaba autorizado a cobrarlo? ¿Adónde habría ido cada euro recuperado? ¿Y quién responde por la indefensión que el propio Tribunal Superior declaró?

En el ping-pong, el árbitro ordena repetir el punto. En la justicia, repetir una sentencia nula significa repetir el daño. La pelota puede regresar a la mesa. La confianza, sin explicaciones, no.