Texto original publicado por No es época para tontos.

Una Constitución puede cambiar las leyes en un día. Cambiar la relación entre el poder y quienes lo cuestionan puede llevar una vida. En Andorra, esa distancia tiene dos nombres: Roger Rossell Vilaginés, activista democrático, y Emili Campos, investigado por expresiones usadas en su defensa treinta años después.

Esta historia no empieza en un juzgado. Empieza con una revista.

1972: LA CULTURA COMO PRIMER ACTO DE LIBERTAD

En una Andorra sin Constitución escrita, Rossell abrió una ventana a Europa. Vinculado a la Casa d’Andorra de París, impulsó Edicions de les Valls Neutres y dirigió «Posobra»: seis números, entre 1972 y 1973, con escritores catalanes y una entrevista al pensador Michel de Certeau.

No derribó instituciones; ensanchó lo imaginable. Antes de reclamar derechos, hay que poder imaginar que se merecen.

1987: TRES CIUDADANOS LLEVAN ANDORRA A EUROPA

Junto a Simó Duró y Jordi Llovera, Rossell participó en el Grup Andorrà Europa. Llevaron fuera de las montañas un problema: las insuficientes garantías democráticas del Principado.

Contactaron con representantes europeos. En abril de 1989, una delegación parlamentaria visitó Andorra. En mayo de 1990 llegó la Resolución 946 del Consejo de Europa, que reclamaba una Constitución escrita y reformas.

El 14 de marzo de 1993, Andorra aprobó su Constitución por referéndum. Rossell no redactó el texto oficial: contribuyó a la movilización internacional, junto a otros reformistas. Su papel no necesita exageraciones.

1993: LA DEMOCRACIA NACE, EL DESACUERDO CONTINÚA

Rossell cuestionó la continuidad del coprincipado episcopal y reclamó garantías judiciales. Sus peticiones constan en las actas del Consell General. El 15 de marzo de 1993, un día después del referéndum, firmó en «El País» «Andorra: adiós al poder absoluto». Denunció obstáculos profesionales y molestias familiares vinculados a su activismo.

El juez Xavier Jordana negó motivaciones políticas. La denuncia está documentada; no se ha demostrado una persecución organizada. Distinguirlo es imprescindible.

LA HERENCIA QUE SE CONVIRTIÓ EN UN LABERINTO

En junio de 1993 comenzó el litigio hereditario 2-076/93. Un perito de Rossell valoró los inmuebles en 6.082.500 euros; él reclamaba una parte. Las sentencias de 2006 y 2008 fijaron en 4.000 euros la suma a percibir.

El contraste impresiona. Pero valorar todo un patrimonio no determina cuánto corresponde legalmente a un heredero. Sí importa el coste de un litigio que atraviesa décadas.

2025–2026: DEL CLIENTE AL ABOGADO

En 2025, la defensa de Rossell solicitó revisar el litigio y recusó a dos magistrados constitucionales, Joan Manel Abril Campoy y Pere Pastor Vilanova, por intervenciones anteriores. El Tribunal Constitucional rechazó las recusaciones e inadmitió el amparo en su auto del 17 de noviembre de 2025, causa 2025-78-RE. Dio razones jurídicas para hacerlo, que también forman parte de este relato.

Después llegó el giro más inquietante. Según la querella de Emili Campos, una comunicación de la presidencia del Constitucional del 2 de diciembre de 2025 señaló expresiones de sus escritos de defensa. La Fiscalía apreció posibles delitos relacionados con calumnias y difamación; se abrieron las diligencias 4000857/2025 y el abogado fue citado como investigado en 2026. El 30 de septiembre, Campos presentó una querella contra responsables judiciales y fiscales alegando una posible vulneración de derechos fundamentales.

Investigar a un abogado no demuestra que sea culpable. Querellarse contra autoridades tampoco acredita que estas hayan delinquido. Pero la secuencia exige una pregunta que ningún tribunal debería esquivar.

¿QUIÉN DEFIENDE EL DERECHO A DEFENDER?

Los artículos 6 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protegen el juicio justo y la libertad de expresión. En «Morice contra Francia», Estrasburgo reconoció el valor de la crítica de los abogados a la justicia, con límites frente a acusaciones infundadas.

No se trata de pedir impunidad, sino de impedir que el temor penal silencie argumentos legítimos. Ese «efecto disuasorio» alcanza también a futuros clientes.

No conocemos pruebas concluyentes de un plan de represalias continuado desde 1993. Conocemos, en cambio, una cadena de conflictos reales, decisiones judiciales documentadas y un enorme desgaste humano. Y sabemos algo más: el prestigio de la justicia no crece cuando se la declara intocable. Crece cuando sus decisiones pueden someterse a un examen riguroso.

De «Posobra» a las diligencias contra Campos transcurren 54 años de historia. No es la edad de Rossell; es la medida de una pregunta que sigue abierta.

¿Qué vale una Constitución si quienes invocan sus garantías, y quienes los defienden, terminan temiendo las consecuencias de hacerlo?

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