Texto original publicado por No es época para tontos.
En un país pequeño, hay una imagen más perturbadora que un desahucio: la del órgano que gobierna a los jueces saliendo a combatir al periodista que cuestiona sus sentencias. No hace falta prohibir un artículo para enfriar la libertad de prensa. Basta con exhibir quién tiene el poder.
El 27 de octubre de 2026, el Consell Superior de la Justícia (CSJ) envió a Altaveu una extensa réplica a dos artículos de Gabriel Pérez. La nota no lo nombra, pero recalca que ambos los firmó el mismo redactor y le atribuye graves errores. Rectificar falsedades es legítimo. Lo inquietante es que el gobierno judicial asuma la defensa pública de una interpretación discutida. ¿Desde cuándo cuestionar una sentencia obliga a enfrentarse al aparato que administra a los jueces?
La sentencia 51/2026, del 12 de mayo, confirmó la extinción de un alquiler tras un aviso de no renovación al que el arrendatario no se opuso. La firmaron Vincent Anière, ponente, Jaume Tor Porta y Carles Cruz Moratones. La 95/2026, del 13 de septiembre, firmada por los mismos magistrados, con Tor como ponente, rechazó otra expulsión: el propietario no había explicado suficientemente las obras previstas. Son casos distintos: vencimiento frente a resolución anticipada. El CSJ acierta en la distinción, pero el debate no termina ahí.
En 2022, la legislación decía que el inquilino «pot exigir» una prórroga. La Ley 24/2023 pasó a decir «s'aplica», al regular las prolongaciones en ausencia de acuerdo. ¿Puede perderse esa protección si el inquilino no responde a un aviso con la fórmula adecuada? La Sala invoca las reglas generales del arrendamiento y una doctrina judicial anterior para exigir oposición expresa. No es un invento arbitrario; sí una interpretación discutible cuando la vivienda depende de conocimientos procesales. Una puerta que el Parlamento diseñó para abrirse automáticamente no debería exigir una contraseña invisible.
El tribunal consideró acreditados, mediante certificado, foto y vídeo, depósitos de comunicaciones en el buzón los días 10 y 13 de junio de 2025; el arrendatario discrepó. Sí es legítimo preguntar por su efecto: ¿basta recibir un aviso y guardar silencio para perder una protección legal? Discutir esa conclusión no es atacar a los jueces. Es hacer periodismo sobre sus decisiones.
El Tribunal Constitucional inadmitió el amparo 2026-79-RE el 12 de octubre. Lo firmaron Pere Pastor Vilanova, Víctor Torre de Silva López de Letona, Jean-Yves Caullet y Joan Manel Abril Campoy. No resolvió de nuevo la controversia de legalidad ordinaria: consideró que el recurso carecía de contenido constitucional suficiente. Convertir esa inadmisión en la prueba de que cualquier interpretación del Superior resulta intocable es confundir control constitucional con obediencia intelectual.
El CSJ, presidido por Josep Maria Rossell Pons, no es una sala que juzga recursos. Es el órgano de gobierno de la Justicia. Puede aclarar hechos, pero ¿era proporcionado movilizar su autoridad para refutar a un reportero de un medio pequeño? No es censura por sí sola. Pero una disputa así recuerda al periodista el precio de investigar a quien juzga.
Y el contexto obliga a extremar la vigilancia. El delito contra el prestigio de las instituciones existe desde 2005; en 2022 se agravó para ciertas difusiones por medios e internet y hoy está en el artículo 366 del Código Penal. Exige imputaciones hechas con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad; no penaliza la crítica fundada. No consta que se haya utilizado contra Pérez. Pero en marzo de 2026 el Comité de Derechos Humanos de la ONU alertó del efecto disuasorio de estas normas y reclamó evitar el hostigamiento judicial. Rossell fue ministro de Justicia e Interior entre 2019 y 2023. Esa continuidad de cargos merece escrutinio público, no acusaciones sin pruebas.
En «Morice contra Francia», Estrasburgo recordó que las críticas severas, apoyadas en una base fáctica suficiente, al funcionamiento de los tribunales forman parte de un debate protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El prestigio judicial exige resistir las preguntas.
No hay prueba de censura consumada, amenaza penal a Gabriel Pérez ni alianza clandestina con propietarios. Sí hay una asimetría inquietante: un arrendatario cuya vivienda depende de un formalismo, un periodista que examina ese formalismo y una institución que utiliza su altavoz para corregirlo. Jaume Tor, Vincent Anière y Carles Cruz responden por sus sentencias mediante los cauces legales; Rossell Pons y el CSJ deben rendir cuentas sobre la proporcionalidad de su intervención pública.
Una Justicia que confunde la defensa de su autoridad con la defensa frente a la prensa olvida lo esencial: en democracia, el juez tiene la última palabra en un pleito, pero nunca la última palabra en el debate público.

