Texto original publicado por No es época para tontos.
¿Puede hablarse de verdadera independencia judicial cuando la arquitectura institucional de la justicia depende, en parte, de nombramientos directos de los dos copríncipes? ¿Qué responsabilidad constitucional y moral tienen quienes participan en la designación de la cúpula judicial cuando el sistema acumula retrasos, recusaciones, incompatibilidades y desconfianza pública?
Este episodio analiza en profundidad la estructura de la justicia andorrana y pone el foco en un elemento que rara vez se discute con suficiente claridad: cada copríncipe designa directamente a un miembro del Consell Superior de la Justícia y a un magistrado del Tribunal Constitucional. El programa diferencia entre responsabilidad jurídica por una sentencia concreta y responsabilidad institucional por el diseño, los nombramientos y las garantías de independencia del sistema. La cuestión no es si los copríncipes dictan resoluciones judiciales —no lo hacen—, sino si pueden permanecer al margen cuando participan directamente en la construcción de los órganos que gobiernan y revisan la justicia.
La investigación aborda también la llamada “huella de Girona”: Fàtima Ramírez Souto, Carles Cruz Moratones, Víctor Correas Sitjes y Hugo Novales Bilbao, magistrados con trayectoria profesional vinculada a Girona que han ejercido o han sido incorporados al sistema andorrano. El episodio no afirma la existencia de una red coordinada ni convierte coincidencias profesionales en prueba de corrupción. Plantea algo distinto: en una jurisdicción pequeña, donde las recusaciones y las incompatibilidades obligan a recurrir a magistrados sustitutos, la transparencia sobre relaciones previas, trayectorias, conflictos potenciales y mecanismos de abstención es una exigencia democrática.
Uno de los bloques más delicados está dedicado a Hugo Novales Bilbao. Josep Guirao no es juez: es, entre otras actividades, periodista de investigación. Cuando Novales ejercía en Girona y había sido decano de los jueces de esa demarcación, Guirao mantuvo con él una confrontación judicial documentada y llegó a demandarlo. El episodio reconstruye ese conflicto sin convertir las acusaciones de una parte en hechos judicialmente probados y pregunta qué garantías de imparcialidad objetiva deberían existir cuando un magistrado que tuvo un enfrentamiento previo con un periodista termina ejerciendo jurisdicción en el mismo país cuyas instituciones ese periodista investiga.
El programa examina después el papel de GRECO y las críticas internacionales a la composición y transparencia del sistema judicial andorrano. La pregunta central es si una Constitución concebida en 1993 para consolidar el equilibrio institucional de Andorra está siendo utilizada hoy como una barrera frente a reformas destinadas a reforzar el control, la transparencia y la confianza pública.
El núcleo más controvertido es Casa Molines. Se reconstruye la herencia de Maria Dolors Maestre, la participación del Bisbat d’Urgell, las disputas alrededor de los albaceas y el posterior recorrido judicial de litigios relacionados con la administración de ese patrimonio. El episodio analiza especialmente la intervención de Josep-Delfí Guàrdia en el Tribunal Constitucional después de haber sido designado magistrado por el entonces copríncipe episcopal Joan-Enric Vives. No se afirma que Guàrdia resolviera sobre la validez de la herencia ni que exista corrupción probada. Lo que se examina es la apariencia institucional de conflicto cuando la autoridad que designa a un magistrado está simultáneamente vinculada, a través del Obispado, a un patrimonio que genera litigios que terminan llegando a ese mismo tribunal.
El episodio termina mirando al presente. El actual copríncipe episcopal no creó Casa Molines, ni realizó los nombramientos de su predecesor, ni es responsable de los problemas acumulados durante décadas. Pero ha heredado la función constitucional y, con ella, una responsabilidad moral: impulsar transparencia, reglas más estrictas de incompatibilidad, declaraciones de intereses, trazabilidad de los nombramientos y una respuesta real a las recomendaciones internacionales. La independencia judicial no puede utilizarse como escudo para impedir que se investigue la propia arquitectura del poder judicial.
La pregunta final es incómoda, pero inevitable: si los copríncipes participan en la construcción de la justicia andorrana, ¿qué responsabilidad tienen cuando esa justicia pierde credibilidad, y qué están dispuestos a hacer para repararla?
Una investigación sobre independencia judicial, poder institucional, nombramientos, conflictos de interés y responsabilidad constitucional en uno de los sistemas políticos más singulares de Europa.
