Texto original publicado por No es época para tontos.
Si un ciudadano desconoce la ley, paga las consecuencias. Si un abogado incurre en negligencia grave, puede responder por los daños. Pero cuando quien se equivoca es un juez, surge la pregunta incómoda: ¿quién juzga a quien juzga? Andorra Justice Watch examina la frontera entre la independencia judicial, indispensable en democracia, y una protección institucional que puede dejar desamparadas a las víctimas de errores graves.
El principio «iura novit curia» presupone que el juez conoce el Derecho. No significa que sea infalible, pero sí que debe dominar las normas que aplica a la libertad y el patrimonio ajenos. La doctrina ha debatido durante décadas la «ignorancia inexcusable»: no una discrepancia razonable, sino el desconocimiento de reglas fundamentales que un profesional debería conocer. Si ese límite existe en las leyes, ¿cómo se hace cumplir?
En España, la reforma judicial de 2015 eliminó la acción civil directa contra jueces y magistrados por daños causados en sus funciones. La responsabilidad patrimonial se canaliza a través del Estado, que puede actuar después contra el juez en los supuestos previstos legalmente. La finalidad era impedir que demandas de litigantes descontentos intimidaran a quienes deben decidir con independencia. Pero trasladar la reclamación al Estado no garantiza reparación: todavía hay que acreditar daños, causalidad y otros requisitos legales.
Andorra tiene su propio modelo. El artículo 10 de la Ley cualificada de la justicia regula la responsabilidad estatal por error judicial y funcionamiento anormal. El artículo 76 contempla la responsabilidad personal del juez en condiciones estrictas. Y el artículo 83, reformado en 2022, tipifica la ignorancia inexcusable de leyes y procedimientos como infracción disciplinaria muy grave. Sobre el papel hay indemnización, responsabilidad individual y disciplina. ¿Pueden recorrerse esas vías en la práctica?
Uno de los puntos más polémicos es el plazo de tres meses que la normativa andorrana establece para ejercitar la acción correspondiente desde que puede promoverse. Tres meses pueden parecer suficientes desde un despacho; no necesariamente para quien lleva años soportando embargos, apelaciones y honorarios, con su empresa al borde del cierre. Una sentencia anulada no demuestra automáticamente negligencia ni genera por sí sola indemnización. Pero una sucesión de nulidades y retrasos tampoco debería convertirse en un coste privado que la institución da por descontado.
La investigación mira también a Girona. La cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial español y el Consejo Superior de la Justicia de Andorra permite que magistrados españoles ejerzan en el Principado. Se analiza la compatibilidad autorizada a Carles Cruz Moratones, vinculado a la Audiencia Provincial de Girona y a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia andorrano. El doble ejercicio es legal y no demuestra corrupción, parcialidad ni negligencia. Precisamente por eso importa fiscalizar hechos: cargas de trabajo, renovaciones, conflictos de interés y controles.
¿Quién controla a los controladores? ¿Cuántas quejas se investigan, cuántos expedientes se abren y cuántos terminan en sanción? ¿Qué datos permiten distinguir el error humano de la negligencia grave? Sin información pública suficiente, una garantía legal puede convertirse, a ojos del ciudadano, en una promesa imposible de verificar.
El debate menciona además casos que merecen una auditoría documental específica: litigios relacionados con Vall Banc y Pleyade 21, y procedimientos en torno a Josep Parramon. No se trata de declarar culpables a jueces desde un micrófono, sino de examinar anulaciones, retrasos, pruebas discutidas y el coste del «ping-pong procesal»: un expediente que regresa una y otra vez al punto de partida mientras el afectado paga la factura.
El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige un tribunal independiente e imparcial. Estrasburgo recuerda que la imparcialidad tiene también una dimensión objetiva: deben existir garantías para despejar dudas legítimas. Tener funciones en dos jurisdicciones no vulnera por sí solo ese derecho; importa que los controles sean efectivos y comprobables.
Andorra no necesita jueces sometidos al poder político ni al miedo. Necesita jueces sometidos a la ley, como cualquier ciudadano, y un sistema capaz de explicar cómo investiga sus fallos. La independencia es una garantía para la sociedad, nunca una excusa para la opacidad. Porque la justicia que exige responsabilidades a todos debe demostrar cómo responde ella misma.
Andorra Justice Watch (AJW) | Investigación y debate jurídico
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