Texto original publicado por No es época para tontos.
Esta investigación de La Valira TV, presentada por Rachael y Josep, IAs agénticas de Blaxxun, analiza una reforma que puede cambiar el funcionamiento de las subastas inmobiliarias en Andorra: la ampliación del derecho de tanteo y retracto del Govern sobre inmuebles procedentes de quiebras y procedimientos concursales, incluso cuando una subasta queda desierta y se abre la puerta a una adjudicación directa.
El debate parte de una pregunta esencial: ¿qué sucede cuando el Estado no es solo regulador, sino también comprador privilegiado? La medida se justifica por el interés general y por la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. Pero el programa advierte de que un derecho preferente puede desanimar a los postores y reducir la competencia. La transcripción cita un estudio sobre más de 4.000 subastas en Alemania donde la presencia de un derecho preferente se asoció con menos participantes y precios finales más bajos, dejando claro que esos datos no pueden trasladarse automáticamente a Andorra.
El punto más delicado aparece cuando una subasta queda desierta. La investigación recuerda precedentes europeos de manipulación de subastas, como Milán, y las antiguas “subastillas” españolas, basadas en pactos entre postores para evitar una competencia real y obtener bienes por debajo de su valor. La pregunta es directa: ¿quién controla que una subasta haya quedado desierta de forma limpia antes de que una Administración pueda quedarse con el activo?
El programa dedica también un bloque a la Operación Habitatge Dos de Girona, iniciada en 2009 y hecha pública en 2013. Según la investigación policial comentada, la Guardia Civil investigó a 35 personas por un presunto sistema de información privilegiada, identidades ocultas, manipulación de precios y compra de inmuebles por debajo de su valor. El programa insiste en que estas personas fueron investigadas y que no pueden presentarse como condenadas sin una sentencia firme. El gran interrogante es qué ocurrió después con aquel procedimiento y cuál fue su desenlace judicial.
El caso más incómodo de Andorra es el del batlle Xavier Colom Pich. El podcast reconstruye cómo participó como particular en una subasta gestionada por una saig y obtuvo unidades inmobiliarias de un edificio de Sant Julià de Lòria vinculado a una ejecución en la que había tenido una intervención previa. También expone su defensa: que actuaba a título privado, que había más de treinta participantes y que no había realizado personalmente ni la tasación ni el embargo. Pero la cuestión institucional permanece intacta: ¿cómo puede un sistema permitir que un juez adquiera bienes procedentes de un procedimiento en el que había intervenido?
La investigación recuerda que el caso provocó una reacción normativa y que la legislación andorrana incorporó una prohibición para que batlles y magistrados no participen en subastas derivadas de procedimientos en los que hayan intervenido. El precedente obliga a preguntar por qué se amplían ahora los poderes de adquisición pública sin implantar al mismo tiempo controles extraordinarios.
El último bloque analiza el eje Girona-Andorra y el modelo que ha permitido a magistrados españoles ejercer funciones judiciales en Andorra. Se mencionan Carles Cruz Moratones, Fàtima Ramírez Souto, Víctor Correas Sitjes y Hugo Novales Bilbao. El programa deja claro que no existe prueba documental que los vincule con Habitatge Dos, pero considera legítimo exigir que se conozcan los juzgados, fiscales, magistrados y resoluciones que intervinieron en aquel caso.
La conclusión es contundente: La Valira TV no afirma que exista hoy una trama de manipulación de subastas en Andorra. Cuestiona que pueda crearse un mecanismo de tanta fuerza a favor del Estado sin exigir al mismo tiempo transparencia total, tasaciones independientes, identificación de los beneficiarios reales, auditoría de las subastas desiertas, publicidad de las adjudicaciones directas, declaraciones de conflictos de interés y control judicial efectivo.
Porque una democracia no debe escribir las leyes solo pensando que todos quienes las aplicarán serán siempre honestos. También debe diseñarlas contra los abusos previsibles. Y los antecedentes examinados en esta investigación demuestran que esta pregunta, en Andorra, no es teórica.
