Una abogada critica duramente la inactividad y la forma de trabajar de un juez. El propio juez criticado la multa. Ella recurre y vuelve a criticar la situación. Llega otra sanción.
Morice v. France [Gran Sala], nº 29369/10, sentencia de 23 de abril de 2015, estudia las declaraciones públicas del abogado Olivier Morice sobre graves deficiencias que atribuía a dos jueces de instrucción en el caso de la muerte del magistrado Bernard Borrel.
Una abogada acusa al fiscal de manipulación procesal y de una utilización ilegítima de las pruebas. Después ella misma acaba procesada por sus palabras.
¿Hasta dónde puede llegar un abogado cuando considera que jueces han intervenido en un procedimiento relacionado con declaraciones obtenidas mediante tortura?
El caso del abogado andorrano Emili Campos es el punto de partida de esta serie sobre independencia de la defensa, libertad de expresión profesional y reacción institucional frente a abogados que cuestionan actuaciones judiciales.
El Govern impulsa una reforma que modifica la gestió del personal, els recursos i part de l’estructura administrativa de la Justícia andorrana. El debat oficial parla de sous, eficiència i modernització, però la qüestió de fons és molt més important: qui tindrà realment les claus del sistema judicial després d’aquests canvis?
La noticia parece hablar de sueldos y de una nueva clasificación del personal de Justicia. Pero detrás hay algo mucho más importante: quién controla el personal, el presupuesto y los medios con los que funciona la Justicia andorrana.