Texto original publicado por No es época para tontos.
¿Puede un partido obtener poco más del 32% de los votos nacionales y terminar ejerciendo un poder parlamentario mucho mayor que ese porcentaje?
En Andorra, sí.
Y no hace falta manipular una sola urna.
El tercer episodio de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO analiza la matemática del sistema electoral andorrano y una cuestión fundamental para cualquier democracia: cuánto poder institucional corresponde realmente a cada voto.
El Consell General tiene 28 escaños. Catorce se eligen mediante una circunscripción nacional proporcional y otros catorce mediante las siete parroquias, dos representantes por cada una. La Constitución protege la representación territorial de las parroquias, pero no obliga a que los dos escaños territoriales sean entregados íntegramente a la candidatura que queda primera.
Ese mecanismo procede de la ley electoral.
El resultado es la regla del 2-0: una candidatura que obtiene el 50,01% puede quedarse con el 100% de la representación territorial de una parroquia mientras una candidatura con el 49,99% obtiene cero.
Es completamente legal.
Pero legalidad y proporcionalidad democrática no son necesariamente la misma cosa.
El episodio reconstruye cómo este mecanismo ha amplificado resultados electorales durante diferentes legislaturas. En 2015, Demòcrates per Andorra obtuvo aproximadamente el 37% del voto nacional y consiguió 15 de los 28 escaños. En Ordino, una diferencia de apenas 17 votos decidió dos representantes territoriales y, con ellos, la frontera matemática de la mayoría absoluta.
En 2019, diferencias diminutas volvieron a demostrar hasta qué punto puede oscilar el poder institucional: apenas 12 votos en Andorra la Vella y 41 en Escaldes-Engordany separaron a las primeras candidaturas de las segundas. Un total de 53 votos podía alterar cuatro escaños territoriales.
Y en 2023 apareció la prueba más contundente.
DA obtuvo el 32,66% del voto nacional. Más de dos tercios de los votantes eligieron otras opciones, aunque eso no significa que formaran un bloque político común. Sin embargo, en distintas parroquias candidaturas ganadoras con menos del 50% de los votos consiguieron el 100% de sus dos representantes territoriales.
Andorra la Vella: 32,77%.
Ordino: 43,40%.
La Massana: 47,72%.
Escaldes-Engordany: 40,41%.
Cuatro pluralidades inferiores al 50% produjeron ocho escaños territoriales. La ley convirtió victorias relativas en una enorme concentración institucional de poder.
Pero esta investigación no es una acusación partidista.
El mismo sistema beneficia a cualquier formación que quede primera. En Sant Julià de Lòria, Concòrdia consiguió los dos escaños territoriales con aproximadamente el 40% de los votos. El problema, por tanto, no son las siglas.
Es la arquitectura.
La investigación analiza además otra desigualdad: todas las parroquias eligen dos representantes territoriales pese a tener poblaciones electorales enormemente diferentes. Canillo contaba con aproximadamente 1.199 electores frente a unos 8.693 en Andorra la Vella. Eso genera, dentro de la mitad territorial del Consell General, una desigualdad representativa superior a siete a uno.
No significa que, en términos generales, el voto de un ciudadano de Canillo valga siete veces más, porque todos participan también en la circunscripción nacional.
Significa algo más preciso: dentro de la representación territorial, el peso por elector puede ser extraordinariamente desigual.
Las elecciones comunales llevan esta lógica todavía más lejos. En Ordino, en 2023, un resultado del 55,64% frente al 44,36% terminó convertido en una representación de 8 a 2: el 55,64% de los votos produjo el 80% del poder comunal.
Todo ello conduce a la pregunta política central del episodio.
Si Demòcrates per Andorra ya hablaba en 2013 de avanzar hacia un sistema más participativo y representativo, ¿por qué en marzo de 2026 DA y Ciutadans Compromesos utilizaron sus 17 votos frente a 11 para bloquear incluso la toma en consideración de una reforma destinada precisamente a suavizar el sistema del 2-0?
La estabilidad puede ser un objetivo legítimo.
La pregunta es dónde termina la gobernabilidad y dónde comienza una amplificación del poder que ya no guarda proporción razonable con el apoyo electoral recibido.
Porque ganar unas elecciones es una cosa.
Dominar las instituciones de forma abrumadora es otra.
Y el sistema electoral andorrano puede convertir matemáticamente la primera en la segunda.
Episodio 3 de DEMÒCRATES PER ANDORRA: INVESTIGACIÓN EN CURSO.
Investigación y responsabilidad editorial: Josep Guirao.
Análisis producido con asistencia de IA agéntica independiente de Blaxxun. Las conclusiones editoriales corresponden exclusivamente al autor.
