Texto original publicado por No es época para tontos.
Caso Parramon: dos detenciones, documentos contradictorios y preguntas que nadie debería dejar sin respuesta.
Andorra presume de seguridad. Pero la seguridad también se mide por los límites del poder que puede detener y procesar a un ciudadano. El expediente de Josep Parramon Llavet plantea una pregunta incómoda: ¿quién controla a quienes pueden privarnos de libertad?
El 18 de diciembre de 2021, los agentes P0415 y P0421 acudieron a casa de Parramon a notificarle una citación. Hubo una discusión y él anunció que los denunciaría por prevaricación. Dos días después salieron a localizarlo: a las 10.25 lo detuvieron y esposaron en la calle. El parte no describe resistencia física.
Fue una detención preparada, no una reacción ante un delito flagrante. El artículo 27 permite arrestos sin orden judicial en ciertos supuestos. Pero ¿por qué detener, en lugar de citar, a una persona identificada y localizable?
ALBERCA, COSTA Y LAS GARANTÍAS QUE DEBÍAN FUNCIONAR
Alfons Alberca Sanvicens defendió la detención durante el habeas corpus (páginas 45-47). El artículo 28 del Código de Procedimiento Penal y las competencias previstas en la Ley del Ministerio Fiscal sitúan a Fiscalía ante el deber de supervisar estas actuaciones. No consta que Alberca ordenara el operativo. Pero ¿cuándo lo conoció, qué instrucciones dio y por qué defendió mantenerlo? Hay que exigir los registros de comunicaciones.
El batlle Sergi Costa Gonçalves rechazó el habeas corpus. En el procesamiento, el anuncio de «os denunciaré por prevaricación» aparece relacionado con «prevaricadores»: no es igual anunciar una denuncia que atribuir un delito. También inquieta la mención al silencio de Parramon, acogido a su derecho a no declarar. Fiscalía acabó retirando la imputación por amenazas. ¿Qué justificó la coerción inicial?
UNA SEGUNDA DETENCIÓN ENTRE CITACIONES CONTRADICTORIAS
La batlle Maria Àngels Moreno Aguirre pidió al director policial Jordi Moreno Blázquez entregar una citación para enero de 2022. Un formulario recoge su recepción el 18 de diciembre; una resolución posterior afirma que esa notificación policial fracasó y menciona otra judicial.
Hay que examinar los originales, firmas y horas. Moreno ordenó detenerlo el 12 de enero al amparo del artículo 102. El agente P0376 ejecutó la orden el día 18, a las ocho. Consta una llamada del comisario Miquel Àngel Barbolla a la batlle. Parramon compareció con Emili Campos y no se acordó prisión provisional conforme al artículo 103.
Son medidas diferentes, pero ¿era indispensable detenerlo para asegurar su comparecencia? ¿Quién comprobó las notificaciones?
UNA PRUEBA PERDIDA Y EL RELOJ DE LA PRESCRIPCIÓN
El audio de una conversación del 4 de diciembre de 2020 no se conserva, según la Policía, por un fallo del servidor. Sin esa prueba directa, cada palabra atribuida depende de testimonios que deben contrastarse, no darse por ciertos automáticamente. Hasta un informe del 3 de marzo de 2021 pasaron 89 días. A la luz del artículo 22, ¿cuándo se informó realmente a Fiscalía?
La acusación llegó a pedir arresto nocturno, multa e inhabilitación profesional y alegó reincidencia. El dossier señala 245 días entre actuaciones de 2026: podría importar para la prescripción, aunque hay que comprobar los actos interruptivos.
Las decisiones probatorias del Tribunal de Corts y las garantías de imparcialidad también reclaman revisión. No basta invocar el prestigio de una institución para despejar dudas: cada resolución debe sostenerse en hechos verificables y razones comprensibles.
SEGURIDAD PARA QUIÉN
La defensa, con Emili Campos y Pere Cristòfol, reclama los vídeos AXON íntegros, las citaciones originales, las comunicaciones fiscales y explicaciones sobre cada privación de libertad.
El expediente no demuestra una represalia institucional concertada, pero tampoco permite cerrar la discusión con la excusa de un «error burocrático». Cuando dos detenciones aparecen rodeadas de contradicciones y pruebas inaccesibles, exigir explicaciones no es atacar a la justicia: es pedirle que cumpla su función. Policía, Fiscalía y jueces deben responder por sus propias decisiones.
Andorra puede figurar entre los países más seguros y, aun así, conservar prácticas que recuerdan a una república bananera. Si el ciudadano teme al poder que debería protegerlo, esa justicia temeraria debe investigarse y corregirse antes de que sea demasiado tarde.
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