Expedientes de seguimiento con materiales ya publicados. Los resúmenes describen el contenido disponible; no acreditan por sí solos los hechos alegados.
La defensa discutió la revocación de una pena de prisión suspendida por impago de la responsabilidad civil. El Tribunal Superior estimó el recurso el 30 de junio de 2022 después de constatar el pago íntegro. Este resultado evitó ejecutar el ingreso acordado; no equivale a una absolución.
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El recurso cuestionaba las garantías de identificación y de una actuación policial domiciliaria. La súplica permitió superar la inadmisión inicial, pero la sentencia de 5 de noviembre de 1999 rechazó el amparo.
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Campos inició en 2008 un procedimiento concursal vinculado al cobro de honorarios. Tras actuaciones de impulso y una queja institucional, el Constitucional reconoció en 2023 la vulneración del derecho a un proceso de duración razonable.
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Campos impugnó las elecciones por cuestiones de cadena de custodia del voto judicial, prueba e imparcialidad. El Constitucional desestimó el amparo el 20 de noviembre de 2023. El dossier recoge una información periodística sobre inadmisión de la demanda europea en septiembre de 2024.
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Once quejas ante el Consell Superior de la Justícia dieron lugar a un litigio sobre legitimación y control disciplinario. El Tribunal Constitucional desestimó el amparo el 13 de marzo de 2025, aunque matizó la valoración del interés del recurrente en algunas quejas.
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El conflicto nació del destino de una consignación de costas y derivó en una demanda directa de responsabilidad civil contra integrantes de la magistratura. La acción no llegó a un juicio sobre responsabilidad personal. El Constitucional inadmitió el amparo y rechazó la súplica.
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El litigio arrendaticio terminó con una sentencia firme que extinguía el alquiler. El Constitucional reconoció defectos de defensa y proceso debido en la ejecución, sin anular la sentencia arrendaticia. Las vías posteriores de revisión no reabrieron el litigio y el lanzamiento se ejecutó en marzo de 2024.
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Tras el archivo de unas diligencias penales, la defensa promovió una acción civil de responsabilidad contra dos integrantes de la magistratura. La información periodística describe una desestimación con costas y una apelación posterior.
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La solicitud de una certificación registral motivó un conflicto entre interés legítimo, intimidad y acceso a información. El Superior corrigió la inadmisión por competencia en mayo de 2025 y ordenó tramitar la demanda. La documentación conservada llega a la fase probatoria de 2026.
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El expediente examina la vía procesal para impugnar medidas familiares, la recusación y el acceso al amparo. El Constitucional inadmitió el recurso el 13 de julio de 2026. El archivo recoge una súplica de 21 de julio y no incorpora su desenlace posterior.
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Campos intervino desde 2020 para intentar reabrir una condena penal firme. Corts rechazó abrir la revisión. El Constitucional admitió únicamente la cuestión de imparcialidad y finalmente la desestimó en enero de 2021.
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El archivo reúne antecedentes de una disputa sucesoria iniciada en 1993 y la fase contemporánea en que intervino Campos. La diferencia entre la valoración patrimonial publicada y la cantidad reconocida plantea preguntas sobre interpretación, revisión y motivación.
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El expediente bancario francés tuvo una casación parcial en 2018 relacionada con la interrupción de la prescripción y la denuncia del embargo. El archivo lo analiza junto con preguntas sobre coexistencia de funciones judiciales en Francia y Andorra.
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Publicaciones críticas de Josep Parramon originaron diligencias e interrogatorios en 2001. Campos compareció en representación de Josep Guirao y Eva Tauler y pidió el archivo en 2002. En otro procedimiento vinculado al portal se declaró la prescripción, confirmada por Corts en 2004.
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Una petición de segregación de un depósito bloqueado dio paso a un incidente de nulidad y a una solicitud de protección de la independencia judicial. La reconstrucción conservada sitúa la respuesta del CSJ en febrero de 2026.
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Una ejecución no dineraria derivó en una denuncia disciplinaria y en un recurso al Pleno del Superior. Campos pidió el apartamiento de ocho magistrados. La petición fue inadmitida; el archivo conserva la oposición posterior del CSJ.
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El dossier describe actuaciones relacionadas con trabajo periodístico sobre Mármol Rojo. Guirao y Tauler atribuyen a la intervención final de Campos el archivo del procedimiento andorrano. La macrocausa española tuvo un sobreseimiento provisional en 2009.
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La defensa atacó en diciembre de 2025 actuaciones de una quiebra y la extensión patrimonial a Cassany. Carme Rossell presentó un incidente propio. La documentación conserva su traslado al administrador judicial, sin una resolución posterior que declare la nulidad.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Jaume Cabot / andorra.ad.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Emili Campos.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre BPA / FinCEN.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Hotel Normandia.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Videovigilància / APDA.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre AREB.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Tribunal Constitucional.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Prisión preventiva.
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Seguimiento jurídico con materiales editoriales ya publicados sobre Derechos fundamentales.
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Material audiovisual existente sobre recusación y control disciplinario. Resoluciones primarias pendientes de incorporación.
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Análisis audiovisual existente sobre deslealtad profesional y garantías de la defensa. No sustituye el expediente judicial.
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Material audiovisual sobre divulgación de información, secreto y responsabilidad política. Estado procesal actual pendiente de documentación.
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ANDORRA JUSTICE WATCH | International Appeals for Judicial Reform & Accountability